La oposición critica el «sainete» institucional por las 960 VPO de Salburua

Después de que el acuerdo volviera a saltar por los aires el pasado viernes, cuando el Gabinete Urtaran planteó la rehabilitación de 62 viviendas municipales a cambio de ceder los terrenos –algo que el Gobierno vasco ve inviable en las condiciones planteadas–, las formaciones coincidieron en el revés que supone el nuevo frenazo, en especial para las personas que han pedido un piso protegido en alquiler. «Hay 9.000 solicitantes de vivienda en alquiler que observan este sainete que están montando delante de toda la población. El numerito es lamentable», lanzó el portavoz de EH Bildu, Félix González, que ve «graves» los últimos acontecimientos.

Esa «ocasión perdida» fue también criticada por el concejal del PP Miguel Garnica, quien lamentó que Vitoria «pierda opciones» de alquiler de vivienda «por las broncas entre el PNV y el PSE», que forman gobierno tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno vasco. En cualquier caso, todos los grupos temen que el ambicioso plan «vuelva a estar atascado», como señaló el portavoz de Elkarrekin Podemos, Óscar Fernández (Berdeak Equo), que observa una «guerra fría» entre Lakua y el Consistorio tras la polémica sobre el trazado del tranvía a Zabalgana.

El Gabinete Urtaran, sin embargo, alega que la incorporación de las 62 viviendas para la rehabilitación es una cuestión «técnica». «A principios de este año, el texto que habíamos trabajado con el Gobierno vasco, lo sometimos a los servicios técnicos, e incorporamos unas cláusulas que nos indicaron que debíamos incorporar. Lo que se plantea es incorporar viviendas para la rehabilitación, no sólo la construcción», explicó la concejala de Territorio, Ana Oregi (PNV).

A pesar de que la firma del acuerdo parecía «cercano» por las declaraciones que habían ofrecido el Gabinete Urtaran y el departamento de Vivienda que encabeza Iñaki Arriola (PSE), las negociaciones saltaron por los aires el pasado viernes. Fue entonces cuando el Ayuntamiento envió su última propuesta, donde «ofrecía» 62 viviendas para la rehabilitación a cambio de ceder los suelos para la construcción de los pisos. Tras una cesión de 20 años, el Consistorio recuperaría esos pisos «en buen estado». La respuesta de Lakua, sin embargo, no pudo ser más contundente, al asegurar que esa condición ponía «patas arriba» el acuerdo, porque no podría «justificar» una inversión en un patrimonio que después volvería a manos del Ayuntamiento.

El departamento de Vivienda aseguró que la rehabilitación de esos pisos no se encontraba en el texto «consensuado» que las administraciones se intercambiaron en enero de este año. Se trata de las 42 viviendas de Bustaldea, en Goikolarra, bloqueadas hasta que se apruebe el nuevo Plan General de forma definitiva, y veinte más en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, el viceconsejero Pedro Jauregui (PSE) señaló que el Gobierno vasco desconoce el estado en el que se encuentra esa veintena de pisos, mientras que existe un protocolo para la renovación de Bustaldea.

Las 960 VPO pendientes de Salburua se dividen entre promociones que ya están en manos del Gobierno vasco (543 pisos) y los que están pendientes de una nueva ubicación al no poder construirse en la parcela original (417 viviendas). En los últimos meses, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco habían avanzado en cuestiones como la ubicación de las promociones y las bonificaciones fiscales (el 95% de bonificación en el impuesto de construcciones). Sin embargo, el último giro y la proximidad de las elecciones municipales y forales (el 28 de mayo) ponen contra las cuerdas el convenio.