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Se agravan los problemas para el alcalde de Iruña de Oca, el socialista Javier Martínez. En la noche de este miércoles, todos los grupos de ... la oposición -PNV, EH Bildu y Podemos- salvo el PP, que se abstuvo, exigieron su dimisión en un tenso pleno. Le consideran el responsable máximo de la sentencia que obliga a pagar al Ayuntamiento 840.000 euros a siete afectados por una permuta de terrenos que jamás se produjo. Este mandamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco amenaza con quebrar las arcas del municipio alavés, según los grupos de la oposición.
Este miércoles, este fue el punto clave del pleno. Los tres ediles del PNV, los dos de Bildu y la única de Podemos unieron sus fuerzas para exigir la dimisión del Consistorio de Martínez, que dispone de 4 concejales y gobierna en Nanclares desde 2004. Esta unión no entrañará su salida del Consistorio, ya que no se planteaba ninguna moción de censura ni un candidato alternativo. Sin embargo, sí deja en una situación muy delicada al regidor, a quien la Fiscalía de Álava investiga también por su presunto accidente de tráfico y posterior huida por haber consumido alcohol. Es el único regidor del PSE en Álava.
Ambos reveses, admiten fuentes socialistas, dejan en una situación muy delicada al alcalde de Iruña de Oca, sobre quien empiezan a aflorar las «dudas después de los últimos acontecimientos». El día a día en su Ayuntamiento no resultará sencillo si los partidos de la oposición mantienen la consonancia exhibida en el último pleno. «Ya hemos pedido su dimisión. La exigimos ahora y continuaremos exigiéndola», manifestó Davide di Paola, de EH Bildu, promotor de la moción que reclamó la dimisión del alcalde cuando se conoció la sentencia del TSJPV.
Hace unos días, el alto tribunal castigó a este ayuntamiento alavés a pagar unos 840.000 euros a siete personas por una permuta de terrenos que finalmente no fueron recalificados como urbanizables. Di Paola recuerda que esa cantidad «supone un tercio del total del presupuesto» de la institución.
El Consistorio, eso sí, se encuentra aún en plazo de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El origen de esta operación que supuso la reprobación pública de Martínez se remonta a abril de 2011.
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