Los okupas se han apropiado ya de 25 viviendas de alquiler social del Gobierno vasco en Vitoria

Aunque no parezca un número muy elevado sobre el total de pisos pertenecientes al Ejecutivo -suma 4.604 casas de alquiler en Álava, la mayoría en Vitoria-, lo más llamativo de la estadística es la evolución que ha tenido sobre todo en el último curso. Porque sólo en el primer cuatrimestre ya se han registrado diez okupaciones, las mismas que en todo 2023. Esa comparativa arroja un incremento del 67%. Si se observa la escalada experimentada en sólo dos cursos, el número se ha duplicado, desde 2022, cuando hubo 4 casos. Además de la decena de entradas ilegales contabilizadas de enero hasta finales de abril de 2024 y las otras tantas de 2023, se produjo uno en 2020.

Se trata de los datos que recoge un informe del departamento de Vivienda al que ha tenido acceso EL CORREO. ¿En qué barrios de la ciudad se encuentran estas casas que han sido tomadas por moradores ilegales? La mayoría se corresponden con distritos nuevos como Lakua, Lakuabizkarra, Borinbizkarra, Salburua y Zabalgana, listado al que se añade Santa Lucía. Es lo que refleja el documento, una respuesta del consejero de Vivienda en funciones, el socialista Iñaki Arriola, con fecha del pasado 23 de abril, a la solicitud de información formulada por Carlos Iturgaiz (PP).

La totalidad de las viviendas propiedad de la administración autonómica vasca que permanecen tomadas por okupas, según añade el informe, «tienen abiertos expedientes jurídicos para la recuperación de la posesión en los términos que la legislación de aplicación ha permitido a lo largo de las distintas modificaciones normativas de los últimos 4 años». El estado de la tramitación de cada una de ellas varía. Con respecto a este año, los 10 procedimientos judiciales están «en fase de conciliación prejudicial». La legislación vigente, explican portavoces del departamento de Vivienda, «establece un proceso de mediación anterior a la vía judicial» y «hay que intentar identificar los ocupantes y si se puede mediar con ellos».

Por su parte, respecto a los diez casos registrados en el ejercicio de 2023, la mayoría (9) de procedimientos se encuentran «en fase de admisión y tramitación» mientras el restante está «en fase de recurso». En cuanto a los cuatro asaltos del 2022, la mitad se hallan también en fase de recurso y hay ya 2 con «señalamiento del lanzamiento en 2024». El único caso del año 2020, curso en el que estalló la crisis del covid, 1 figura «en suspensión judicial», según el documento.

¿A qué se debe este importante aumento de asaltos a pisos protegidos de alquiler en Vitoria? El departamento de Vivienda, a preguntas de este periódico, elude dar respuesta. Lo cierto es que Alokabide viene reforzando considerablemente sus medidas 'antiokupas' en los últimos tiempos. Como revela su memoria de gestión correspondiente al año pasado, la entidad protegió su parque de viviendas con la instalación de un centenar de puertas blindadas, o lo que es lo mismo, coloca una cada tres días en sus pisos de Álava. Es el doble que hace cuatro años, aunque la mitad que en 2022, cuando se batió el récord al poner 209 portones de seguridad.

Estos portones especiales se colocan «de forma preventiva allí donde se considera más necesario para intentar evitar que las viviendas sufran okupaciones ilegales durante el periodo en que se encuentran pendientes de reforma o adecuación para una nueva adjudicación o durante el propio proceso de adjudicación entre la salida de un inquilino y la entrada del siguiente».

Detrás de estos episodios, según los inquilinos de estas viviendas sociales, hay al menos dos grupos que se dedican en Vitoria y alrededores a okupar pisos sociales vacíos en esos intermedios para efectuar los cambios de moradores. En la inmensa mayoría de los casos cuentan con «chivatazos de habitantes de esos portales», han referido a este periódico habitantes de estos bloques. Oficialmente, ni la Ertzainza ni la Policía Local tienen constancia de la existencia de estas supuestas mafias. Y es que en la capital estos grupos andarían detrás de «decenas» de okupaciones registradas los últimos meses tanto de pisos pertenecientes a Alokabide y al Ayuntamiento de Vitoria como de viviendas de propietarios particulares.

A la hora de interpretar las cifras de pisos de Alokabide okupados en la ciudad hay otra importante variable a tener en cuenta. La memoria de la entidad habla de un «aumento significativo de casos que incurren en impago de las obligaciones de renta y otros gastos (como suministros energéticos)». Ese «incremento» de morosidad obligó al organismo a «un importante esfuerzo financiero y, sobre todo, a un refuerzo de los canales de comunicación con las personas inquilinas».

En concreto, la sociedad pública gestionó «3.995 casos de impagos» en el País Vasco a lo largo del pasado año 2023. El problema de los impagos, señala el documento, «debe abordarse con una estrategia comprensiva, que busque la estabilidad habitacional de las personas más vulnerables, a la vez de garantizar el rigor en la gestión».

A su vez, en el conjunto de la comunidad autónoma, Álava destacó el curso pasado como la provincia vasca con el mayor número de desahucios relacionados con propiedades bajo el control de Alokabide. En total, la Justicia alavesa completó 21 lanzamientos, dos más que en Bizkaia (18) y diez más que en Gipuzkoa, con once actuaciones. En el caso alavés, dieciocho lanzamientos correspondieron a viviendas dependientes directamente del parque de domicilios de Alokabide, una a Bizigune (un programa con casas de terceros) y dos en pisos propiedad de otros organismos del Gobierno vasco.