Las obras del centro de refugiados de Arana arrancarán en diciembre para abrir en 2026

La intención de transformar la antigua clínica (y luego residencia) de Arana en un centro para refugiados trascendió en enero de 2023 y supuso una verdadera tormenta política entre el PNV y el PSE-PSOE, socios en las principales instituciones vascas. Se habló de imposición del Gobierno central y de falta de interlocución, mientras que los socialistas cerraron filas, sin fisuras, con el Ejecutivo de Sánchez. El entonces alcalde, Gorka Urtaran, fue el primero en mostrar su rechazo al proyecto al considerarlo un macrocentro que choca «con el modelo vasco de acogida y asilo». Un discurso al que después se sumaron tanto el diputado general, Ramiro González, como el portavoz del ejecutivo vasco, Bingen Zupiria. Todos se servían de la misma carga argumental para concluir en una demanda en bloque: que se avance de forma decisiva en la transferencia a Euskadi de las competencias en materia de inmigración.

Como respuesta llegaron las acusaciones de «xenofobia» y el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, llegó a acusar a los jeltzales de situarse «cerca de la extrema derecha» con este asunto. En paralelo a este cruce de acusaciones en el terreno político, los vecinos salieron a la calle para manifestarse contra el nuevo equipamiento. También mostraron su profundo rechazo mediante una recogida de firmas con la que solicitaban que las instalaciones se transformaran en una residencia para personas dependientes. Pero el futuro de esta antigua clínica, inaugurada en 1957 y cerrada desde 2013, será otro diferente.

El edificio, con 16.500 metros cuadrados de superficie ya construida, contará con 350 plazas para las personas solicitantes de asilo en España. Su nombre oficial será Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y dará cobijo a personas que han huido de sus países perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas.

La rehabilitación costará cerca de 16 millones de euros y al frente de las obras estará la constructora Seranco S.A., que resultó la adjudicataria en el proceso de licitación pública. La inversión se financiará con fondos europeos Next Generation y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

El nuevo centro contará con espacios comunes entre los que destacan aulas formativas «en las que se proporcionará a los residentes conocimientos que les permitan integrarse en la sociedad». Además, se construirán en los espacios exteriores áreas de convivencia y zonas de juegos infantiles, pistas de fútbol y baloncesto y un gimnasio con equipos de musculación y cardio. El proyecto de rehabilitación conservará elementos originales del edificio pero con mejoras en eficiencia energética que reducirán en «al menos un 30% el consumo de energía no renovable».