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La Iglesia alavesa y el Gobierno vasco avanzan para alcanzar un acuerdo inédito en el territorio. El Obispado de Vitoria cederá a Lakua una treintena de viviendas para destinarlas al mercado del alquiler protegido, según ha podido confirmar EL CORREO. La diócesis usca de ... esta forma cerrar un convenio similar al que ya existe en Bizkaia y que ambas instituciones ultiman en Gipuzkoa. El acuerdo, no obstante, se encuentra pendiente del análisis que debe llevar a cabo el Ejecutivo autónomo en torno a los inmuebles, ya que algunos podrían no reunir las características necesarias y la cifra final se vería reducida.
Tras un primer examen preliminar, Lakua ha dado ya el visto bueno a seis de los citados pisos, según confirmaron fuentes cercanas a las conversaciones. La disponibilidad de alguna vivienda apta para ser habitable sin una gran inversión era una de las condiciones indispensables que ponía el Gobierno vasco antes de acercar cualquier postura. Tras los avances en Gipuzkoa y comprobar la posibilidad de arrendar a través de Alokabide varios inmuebles propiedad de la Iglesia, el acuerdo se encuentra cercano entre la diócesis y el Ejecutivo autónomo.
No obstante, las exigencias de la sociedad pública Alokabide, que precisa viviendas para entrar a vivir y con rigurosas medidas en la accesibilidad, podrían rebajar de forma notable la cantidad de pisos que aceptaría el Gobierno vasco. Algunos de ellos, por ejemplo, se encuentran contiguos a iglesias, eran casas curales o, incluso, tienen su entrada a través de una parroquia, algo que haría casi imposible que entraran a formar parte en el parque de viviendas que dispone Lakua.
Aunque las conversaciones aún no se han traducido en un acuerdo firmado entre la institución eclesiástica y la administración pública, las condiciones no distarían demasiado del pacto que está a punto de concretarse en Gipuzkoa a través del Obispado de San Sebastián. En este sentido, el convenio recoge que la Iglesia cobrará por cada piso deshabitado que ceda un máximo de 600 euros. Y al igual que sucede en Bilbao, una vez pasado el plazo de un año, la permanencia no será obligatoria.
La iniciativa se produce en pleno cambio de tendencia en Etxebide, ya que el Gobierno vasco se encuentra a punto de dejar de construir VPO de compra. El objetivo prioritario es ahora el mercado del alquiler, que ha protagonizado un importante repunte en los últimos años ante la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad y los elevados precios que han alcanzado los arrendamientos desde la crisis económica de 2008.
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