El nuevo criterio para evaluar la discapacidad perjudica al 7% de los casos revisados en Álava

Según datos del Departamento foral que dirige Gorka Urtaran (PNV) a los que ha tenido acceso EL CORREO, 928 personas se han sometido a estos exámenes desde que en abril de 2023 se estableció el nuevo baremo y hay 64 a los que se les ha bajado del 33%, es decir, la barrera a partir de la que una persona no puede realizar ciertas actividades pero aún puede desenvolverse en su entorno. Esta también es la 'frontera' a partir de la cual se establecen ciertos beneficios fiscales, descuentos e incluso pensiones que corren peligro de perder.

Por lo tanto, esto supone que el 6,9% de quienes se han sometido a la revisión han salido perjudicados por el nuevo criterio establecido por el Ministerio de Políticas Sociales bajo el mandato de Ione Belarra. No es una circunstancia puntual, ya que en base a varias respuestas solicitadas por el PP de Álava en las Juntas Generales se comprueba que esa tasa se mantiene estable a lo largo del tiempo. Muchas son 'recalificaciones' de oficio para actualizar la situación de la persona con discapacidad, una cuestión obligatoria, pero otras han sido solicitudes 'motu proprio' con el legítimo objetivo de que se les reconozca un grado mayor.

Y esa es una de las múltiples razones que han provocado que el tiempo de espera hasta el dictamen se haya duplicado hasta los siete meses y medio en esas revisiones voluntarias. De hecho, según los últimos datos a los que ha tenido este periódico, ya suponen un tercio de los expedientes que se han estudiado desde la implantación de este nuevo método de evaluación.

«En el caso de muchas personas del colectivo que instan la revisión porque su situación física y orgánica se ha agravado, la nueva valoración se resuelve con un porcentaje inferior al que ya tenían. De hecho, la asesoría jurídica de la asociación está ayudándoles en la presentación de recursos contra estas resoluciones», explican portavoces de Eginaren Eginez, organización que representa la discapacidad física en el territorio.

El Ministerio -ahora dirigido por Pablo Bustinduy- parece que empieza a ser consciente del importante perjuicio que está provocando este nuevo tipo de evaluación. Jesús Martín Blanco, director general del Departamento de Derechos de las Personas con Discapacidad, recientemente ha pedido la colaboración de las comunidades autónomas para tratar de buscar fórmulas para simplificar el proceso. Así, según ha podido saber este diario, ha planteado «asimilar» las situaciones de dependencia al 33% de la tabla de discapacidad con «el objetivo de ahorrar cargas administrativas a la ciudadanía y a la propia administración con un impacto en la reducción de listas de espera». El inconveniente es que supondría un mayor desembolso para las administraciones competentes, como en el caso de Álava es el IFBS, cuyo presupuesto 'engulle' uno de cada dos euros que gasta la Diputación.

El Departamento de Políticas Sociales considera que «se ha complejizado en exceso» los procesos de valoración de la discapacidad. Y es que el resultado se consigue cruzando cuatro baremos: uno global de la deficiencia de la persona, otro que analiza las limitaciones en la actividad, el siguiente sobre la restricción en la participación del demandante y el último que se dedica a examinar los factores contextuales y las barreras ambientales. Hacía tiempo que las asociaciones de este tipo de colectivos habían pedido un nuevo criterio que se ajustase a los que existen en el resto de la Unión Europa (UE), pero a la vista de los resultados y los inconvenientes que está provocando no han dudado en alzar la voz en señal de protesta.