Nueve municipios alaveses aplican recargos en el IBI a las viviendas vacías

Aunque en número esas localidades no alcanzan una quinta parte de los 51 ayuntamientos que tiene Álava, los que apuestan por estos recargos son los más poblados. Juntos suman 288.682 ciudadanos que se regirán por estos aumentos fiscales, el 86% de la población del territorio. El incremento del IBI es o será realidad en Vitoria, Llodio, Agurain, Iruña de Oca, Alegría-Dulantzi, Zuia, Iruraiz-Gauna, Urkabustaiz y Artziniega. En la inmensa mayoría de estos municipios la medida lleva el sello de EH Bildu, que fue quien pactó con el Gabinete Etxebarria su imposición en la capital y lo ha implementado en algunos de los ayuntamientos que gobiernan.

Llodio, la segunda localidad en habitantes, es el máximo exponente de la política de recargos en el tributo sobre bienes inmuebles. Allí hace poco más de un mes que su consistorio puso sobre aviso a 1.041 propietarios de 660 pisos supuestamente deshabitados: este año les tocará pagar más al Ayuntamiento por tener las casas sin uso. A falta de resolver las alegaciones formuladas, su concejal de Hacienda, el abertzale Íñigo Martínez, asegura que Llodio se embolsará «cerca de 100.000 euros» con esta medida.

El mapa del territorio, sin embargo, muestra a otros colores políticos aplicando la medida. Así lo hace desde 2021, por ejemplo, el consistorio de Iruña de Oca, uno de los tres bastiones socialistas de Álava. Sin embargo, el alcalde Míchel Montes reconoce que de momento la medida no ha surtido un efecto importante. «Nosotros usamos el padrón y estos años siempre hemos encontrado a gente empadronada en todos los domicilios», argumenta, de modo que ha sido imposible cobrar ese gravamen a nadie.

Según explica el regidor, ahora se trabaja en diseñar una herramienta más precisa con el fin de contar con datos de consumos de los hogares y evitar que pisos donde sólo vive gente a efectos administrativos -empadronados, pero sin hacer vida en esa casa- se libren de ese apuro fiscal.

Más optimistas son en Alegría-Dulantzi. Allí es la Agrupación Independiente de Alegría quien gobierna. Su alcalde, Joseba Koldo Garitagoitia, explica que llevan aplicando el recargo por vivienda vacía «desde 2019» y asegura «que el número de viviendas afectadas (por el 'extra' tributario) se ha ido reduciendo desde entonces». El impuesto actualmente aporta al municipio 2.812,30 euros -un 0,05% de sus ingresos- y se cobra en 27 viviendas.

En Vitoria aún no se ha concretado el impacto que va a tener la medida. El concejal del ramo, Jon Armentia, se limitó a señalar hace unas semanas que se notificarán esos recargos a quienes les corresponda «a partir de febrero». La fecha de devengo, de cobro del impuesto, es con la situación del piso a 1 de enero, lo que apremia a sacar casas al mercado de alquiler antes de que acabe el mes si se quiere evitar el recargo del IBI.

Pese a la extensión de esta medida, la realidad es que el mercado de vivienda sigue colapsado en el territorio. En municipios como Amurrio, Llodio o Agurain, las inmobiliarias, tal y como avanzó este periódico hace meses, acumulan largas listas de inquilinos a la espera de que salgan pisos para poder alquilar.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Álava, Ramón Saénz de Valluerca, es escéptico del efecto que puedan tener estos recargos sobre el mercado inmobiliario. En conversación con este diario augura que el impacto «no será mucho» porque «hay más condicionantes aparte de pagar el IBI». «Ahora mismo hay mucho miedo a la Ley de Vivieda, asusta mucho. Hace falta dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios».

En un mercado donde «casi no hay» pisos para arrendar, ahora son los caseros quienes eligen a sus inquilinos. En su momento, algunas empresas del sector adujeron que los propietarios en muchas ocasiones no quieren ceder sus viviendas a extranjeros. Saénz de Valluerca corrobora esta sensación: «La gente prefiere alquilar a una enfermera de Txagorritxu».

Aunque el presidente de los agentes inmobiliarios de Álava aplaude los incentivos que aspira a introducir la Diputación con su reforma fiscal, cree que la clave seguirá siendo atajar esa falta de «seguridad jurídica» de la Ley de Vivienda. Sobre las promociones públicas, alerta de que las instituciones pueden «sufrir sus leyes en sus propias carnes», en alusión a los criterios de vulnerabilidad que pueden paralizar desahucios cuando se dan impagos.