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La Diputación de Álava reformó hace dos años su legislación tributaria para tratar de controlar a quienes desvían su dinero hacia las criptomonedas. Una estrategia que no está consiguiendo grandes cifras. En 2023, el año de su estreno, apenas tres contribuyentes notificaron a la Hacienda foral sobre sus inversiones de bitcoin en el extranjero y al cierre de 2024, según ha comunicado la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, lo hicieron nueve.
Una cifra minúscula teniendo en cuenta que el territorio cuenta con 193.000 contribuyentes y que a través de la Encuesta de Competencias Financieras se calcula que alrededor de 7.500 alaveses han dedicado parte de su dinero a estos activos digitales. Pero lo cierto es que la legislación foral no obliga a todos ellos a rellenar el modelo tributario 721. Lo tienen que hacer quienes suman un patrimonio superior a 50.000 euros en este tipo de divisas y hay operadores como Binance, Crypto.com y, entre otros, Bitbase –algunos de los más populares– que están registrados en el Banco de España como empresas del sector y que, por lo tanto, no contabilizan como inversiones en el extranjero.
Los expertos del sector aseguran que es difícil de encontrar a personas que tengan invertidos más de 50.000 euros y menos que lo hagan en una plataforma que no se encuentre entre las registradas por la autoridad nacional competente para la supervisión bancaria que dirige el exministro José Luis Escrivá. En ese listado de referencia se incluyen 130 entidades.
El control de las monedas digitales está entre los pilares de la Diputación de Álava en su plan de lucha contra el fraude fiscal. Un objetivo para el que se emplea software para descubrir a través de 'big data' e inteligencia artificial patrones de elusión tributaria. Sin embargo, y a raíz de los exiguos datos que ha recibido por parte del Departamento de Hacienda, el grupo juntero de EH Bildu ha preguntado hoy a Itziar Gonzalo en el pleno sobre qué acciones pretende desarrollar para controlar estas operaciones en los mercados online.
«Desde hace años las personas físicas y jurídicas con criptomonedas están creciendo exponencialmente. En los últimos años se ha incrementado la conciencia sobre su opacidad, su falta de control y sus consecuencias en el fraude fiscal», ha planteado la abertzale Nerea Martínez en el legislativo.
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