Una nueva sentencia avala el futuro Plan General y tumba los chalés de lujo en Uleta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido una sentencia, a la que ha tenido acceso EL CORREO, en la que avala el movimiento que optó por llevar a cabo el Gobierno municipal para enterrar el proyecto: la suspensión temporal de licencias en diferentes ámbitos, entre ellos el de Uleta, en el marco de la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que marcará la expansión de la ciudad para al menos los próximos 25 años.

Un paso que se aprobó por el Pleno en febrero de 2023 y que suponía paralizar la iniciativa de los propietarios para reactivar esos terrenos -pertenecientes al Sector 17, también denominado San Prudencio Sur-, una de las zonas en las que el Consistorio no permitirá construir viviendas.

La resolución, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, desestima las pretensiones de los promotores, agrupados en la Junta de Concertación del Sector 17, que impugnaron la decisión del Ayuntamiento -gobernado entonces por el jeltzale Gorka Urtaran- con la imposición de un recurso contencioso-administrativo.

El colectivo justificaba su ofensiva judicial al considerar que la administración municipal tumbaba un proyecto de urbanización que ya había sido aprobado por la propia institución en 2009. ¿Qué han sentenciado los magistrados? «No es que propiamente se haya acordado 'anulación' o revocación alguna de ese proyecto de urbanización en su momento aprobado, sino que transitoriamente queda privado de eficacia, sujeto a la decisión definitiva de aprobación del PGOU». Esa última frase recoge una de las claves del auto.

Y es que la aprobación definitiva del documento urbanístico de mayor rango de la ciudad no se prevé hasta el verano, como viene sosteniendo el Gabinete de la socialista Maider Etxebarria, mientras que la suspensión de licencias en esos 25 sectores del municipio expira antes, en febrero. Esto había encendido las alarmas en la oposición. Interpretaba que, una vez caducada la paralización de permisos urbanísticos, las excavadoras podrían presentarse de nuevo en la zona, como ya lo hicieron en marzo de 2022, cuando la Policía Local acudió a detener los trabajos.

Pero el asunto parece más complejo. Cabe recordar que el Gobierno municipal PSE-PNV, en minoría, requiere de al menos un partido para dar luz verde definitiva al PGOU. Para la aprobación inicial contó con el apoyo de Elkarrekin Podemos y es previsible que en el plácet definitivo se reedite esta alianza.

A tenor de esta resolución del Tribunal Superior, la cual se suma a una sentencia anterior de este mismo año que también da la razón al Consistorio frente a las pretensiones de los propietarios, parece que el camino del futuro Plan General, pendiente de revisión desde hace más de 20 años, se allana un poco más. A lo largo de 17 folios, el auto de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV respalda la actuación municipal mientras rechaza la argumentación de los recurrentes. Según las tesis de estos últimos, los proyectos de urbanización son «plenamente válidos y eficaces» y asimismo el Ayuntamiento «incurre en desviación de poder» al aplicar un artículo de una ley «para un fin distinto del previsto», recoge el fallo. En contraposición, el Consistorio argumenta, según el auto, que «la mayor parte de los ámbitos de nuevos desarrollos previstos por el PGOU no han sido gestionados, únicamente han sido gestionadas cuatro de las 33 Unidades de Ejecución y siete de los 31 Sectores».

En su argumentación, los magistrados se remiten al artículo 85 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo de País Vasco. Esta norma dispone que «las administraciones competentes para la aprobación inicial de los planes urbanísticos podrán acordar la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas». También que «el acuerdo de aprobación inicial de los planes urbanísticos determinará la suspensión, por el máximo de dos años en el caso de que el acuerdo se refiera a planes generales».

En la sentencia se señala también que «tampoco podemos apreciar desviación de poder» por parte de la institución municipal «pues no es este sino un efecto 'ope legis' (por estar así establecido en la ley) que deriva de forma automática e imperativa de la aprobación inicial del Plan».