La nueva ley pretende reforzar el modelo vasco de protección social

En el texto articulado que se pretende sacar adelante se tomarán como referencia la proposición presentada la pasada legislatura en la Cámara vasca por los partidos que sustentan el Gabinete Urkullu (PNV y PSE) y las aportaciones recibidas en los debates que se realizaron, «además de integrar en el texto la nueva herramienta de protección que es el Ingreso Mínimo Vital».

Desde su aprobación en 2008 como derecho subjetivo, la RGI se ha visto afectada por «dos profundas crisis», la que se desató precisamente ese año con motivo del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la actual provocada por la pandemia. Esas consecuencias se reflejan en «el desempleo de larga duración, la falta de recursos de las personas migrantes, la feminización del riesgo de exclusión, la escasez de recursos económicos de algunos pensionistas y el incremento de las formas más precarias de empleo, provocando un incremento del volumen de ciudadanos necesitadas de protección», detallan desde el departamento de Mendia.

A esos problemas se suman las «limitaciones» de la propia normativa actual, «excesivamente prolija y rígida en ocasiones», así como la aparición del Ingreso Mínimo Vital, una prestación de Seguridad Social de nuevo cuño, con objetivos parcialmente coincidentes con los de la Renta de Garantía de Ingresos y cuya íntegra gestión será previsiblemente transferida a Euskadi.

La nueva ley buscará profundizar en la universalización de la RGI -llegando a determinados segmentos poblacionales actualmente no suficientemente cubiertos e incidiendo especialmente en las familias desfavorecidas con hijos a su cargo-, establecer un sistema específico para las personas beneficiarias pensionistas e incentivar la actividad económica y la inclusión social y laboral de los perceptores de RGI que sean empleables.