Una nueva estrategia policial presiona con 36 denuncias en un mes a tres bares conflictivos

Hasta ahora, los ruidos, las peleas y el trapicheo en determinados establecimientos hosteleros solían solventarse con la irrupción de uniformados de la Guardia urbana. Por sus competencias, estos se centraban en la búsqueda de drogas. Con el tiempo, y en parte debido a la creciente meticulosidad de los delincuentes, muchos de esos operativos quedaban en la apertura de un puñado de expedientes administrativos por tenencia de mínimas cantidades de drogas.

Desde el 3 de noviembre, el panorama ha cambiado en la capital alavesa. Esa mañana, un polémico 'after' de la calle Zapatería tuvo el 'honor' de inaugurar el plan. A los habituales agentes locales se agregaron efectivos de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional y funcionarios de la Inspección de Trabajo en Álava.

«Se buscaba también sacar a la luz trabajadores sin contrato y personas en situación irregular», diseccionan medios internos de la comisaría de Aguirrelanda. Hubo 20 personas identificadas, casi tantas como funcionarios participantes.

Cinco personas acabaron detenidas por «infracción de ley la extranjería». Se abrieron siete expedientes por «estancia irregular» y un par de actas por «tenencia de sustancias estupefacientes». A un varón le denunciaron por trabajar sin contrato.

Aquel éxito promovió nuevos dispositivos, que se llevaron a cabo la mañana del 26 de noviembre con dos entradas sucesivas. La primera se produjo en un conocido bar de Coronación y la segunda, más fructífera, en la calle Badaia. Ambos acumulaban «decenas» de quejas ciudadanas.

Los agentes participantes en estos episodios abrieron atestados a 16 personas. Se detuvo a un hombre por la ley de extranjería. Se abrieron tres expedientes por estancia irregular, otras cinco actas por tenencia de estupefacientes, dos infracciones en materia laboral (trabajar sin contrato) y una denuncia por «tenencia de armas blancas», otro de los males del ocio nocturno vitoriano en los últimos tiempos.

Este nuevo planteamiento policial derivará en «nuevos procedimientos administrativos, más multas y posiblemente alguna expulsión del país», sintetizan los medios consultados por este periódico.

Esa triple alianza –Policía Local, Policía Nacional e Inspección de Trabajo– se ha demostrado eficaz para «atacar desde todos los flancos legales» a estos establecimientos acostumbrados a saltarse la ley. «Está claro que el método anterior había perdido efectividad y con esta colaboración estamos dando mejor respuesta a todos esos vecinos que no pueden descansar o llevar una vida normal», añaden en referencia a las 36 denuncias interpuestas en un solo mes.

Desde los tres cuerpos ven con optimismo la posibilidad de nuevos operativos de similar calado.