La nueva diputada foral de Medio Ambiente, Amaia Barredo, investigada por prevaricación

La noticia 'estalló' este miércoles, tan sólo 24 horas después de que Barredo tomase posesión como nueva diputada, aunque la Fiscalía lo estudia desde hace meses. Fuentes autorizadas del Ejecutivo alavés recalcan que Ramiro González no conocía el caso hasta el martes por la tarde, cuando Barredo le telefoneó para comunicárselo. González declaró este miércoles su «pleno convencimiento» de que el caso no prosperará, aunque precisó que «tendrá que prescindir de ella» si finalmente la jueza abre juicio oral.

El mismo desenlace que el martes avanzó el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, cuando en rueda de prensa reconoció que había un alto cargo político vasco que estaba siendo investigado por la Comisión de Ética, aunque en ese momento no desveló su identidad. Unas declaraciones que efectuaba casi al mismo tiempo que se producía el cese de Barredo en el Gobierno vasco y su toma de posesión como diputada foral.

La investigación tiene su origen en una denuncia de la plataforma vecinal denominada Larramendiko Arnasa, de la que forma parte Ekologistak Martxan. En el mismo expediente figura como investigado el director de Calidad Ambiental del Gobierno vasco, Javier Agirre. Visto el éxito de su acusación, los ecologistas piden ahora que se investigue también a la consejera Arantxa Tapia.

La oposición en Juntas inmediatamente pidió la comparecencia del diputado general y de la titular de Medio Ambiente. «Nos resulta difícil de entender que no se conociera la situación de una persona que ha sido nombrada para un cargo de este nivel», criticó EH Bildu. «Es inaudito», ahondó el PP. «Ramiro González tendrá que dar las explicaciones pertinentes y decir si estaba al tanto sobre esto», planteó Elkarrekin Podemos.

El Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, por su lado, aseguró que «no consta que haya una investigación abierta», aunque reconoció que el Ministerio Público le notificó que «elevaba la cuestión al Juzgado de Instrucción que corresponda» meses después de pedir la documentación del expediente a Lakua. Ese es el paso previo a que la investigación se dé por iniciada, según fuentes judiciales.

El escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso este periódico concreta que el inicio del asunto data del 10 de junio de 2021. Una firma guipuzcoana se dirigió al Ayuntamiento de Bergara para instalar «una planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria». En un primer momento recibieron un informe municipal favorable para su implantación. A partir de ahí, esta firma acudió al Gobierno vasco para conseguir una acreditación de Autorización Ambiental Integrada. Sin embargo, en esta solicitud informó de un cometido industrial distinto al explicado al Consistorio. Pasó de una «planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria» a una «gestión de residuos peligrosos».

He ahí la clave de este proceso que puede desembocar en un juicio penal. Después se sucedieron los informes y contrainformes. Por un lado, el Ayuntamiento de Bergara revocó su autorización inicial, mientras que el departamento donde Barredo tenía responsabilidades opinó lo contrario y dio vía libre al proyecto.

El punto de inflexión data del 28 de enero de 2022. Ese día, la Alcaldía de Bergara aprobó un nuevo decreto en el que respaldó el informe de la arquitecta municipal que recogía la «falta de compatibilidad entre el uso de la empresa (solicitante) y la normativa urbanística vigente». Según el escrito fiscal, «ante dicho informe, el director de Calidad Ambiental, en vez de requerir a la empresa a fin de que aclare qué actividad proyecta, opta por solicitar al Ayuntamiento que emita un nuevo informe». Buscaba cotejar que la actividad solicitada al Consistorio coincidía con la que figuraba en el expediente del Gobierno vasco. El 8 de abril de 2022, según insiste la resolución fiscal, «Barredo dictó Declaración de Impacto Ambiental Favorable para la empresa». En esa resolución, la ahora investigada autorizó que se instalara «una planta para la 'producción de material calcáreo'».

Tanto Barredo como Agirre deberían prestar declaración en sede judicial en las próximas semanas. Así lo ha solicitado la Fiscalía de Álava en su escrito, que data de marzo de este año. Y si la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria apreciara indicios de delito podrían enfrentarse en un hipotético juicio a una pena de inhabilitación «por tiempo de siete a diez años».