Ningún ayuntamiento vasco aplica el canon que penaliza a las viviendas vacías

El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes aprobó hace dos años un decreto que habilita a las entidades locales para imponer un canon de 10 euros por metro cuadrado al año a los pisos que llevan dos años sin ocupar. La normativa, que detalla los criterios para declarar una vivienda vacía -desde el padrón a consumos anormalmente bajos de electricidad, agua y gas-, buscaba dinamizar el mercado, pero, de momento, ningún ayuntamiento la ha aplicado.

El propio consejero del área, Iñaki Arriola, reconoce en una respuesta parlamentaria a Elkarrekin Podemos-IU fechada en noviembre que esperaban que «se hubiera producido su implantación operativa en un número significativo de ayuntamientos», especialmente «de ámbitos urbanos, afectados por las crecientes dificultades de acceso a la vivienda de sus vecinos». Y así creían que sucedería dado el interés mostrado en los últimos años por partidos y agentes sociales, y también por el «amplio período» del que se ha dispuesto para trabajar, ya que esta regulación deriva de la Ley vasca de Vivienda, aprobada en 2015 por PSE, EH Bildu y UPyD y rechazada por PP y PNV. El decreto no se desarrolló hasta seis años después porque el Gobierno central presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que finalmente avaló esta medidas y otras de las litigadas.

¿Qué ha pasado entonces? Son varios los factores que pueden explicar que las administraciones locales hayan dejado a un lado esta posibilidad, que suscitó gran interés en su momento pero que también despertó algunas críticas, como las del entonces alcalde de Vitoria y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, que mostró sus reservas por la «complejidad» del proceso, que exige un arduo trabajo de inspección para corroborar que las casas cumplan los requisitos que permiten penalizar a sus dueños, y por «el coste» de los servicios adicionales que deberían desarrollar los municipios para elaborar el registro.

Pero el consejero Arriola menciona otros motivos para contextualizar esta falta de interés, como la implantación de recargos en el recibo del IBI cada vez en más localidades. En Vitoria, el Gobierno de Maider Etxebarria incluyó en su propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año un gravamen a estos pisos del 25%. La capital alavesa dio el pasado mes de marzo sus primeros pasos para aplicar el canon sobre viviendas vacías y comenzó a elaborar el censo para determinar el número exacto pisos que se encuentran deshabitados en la ciudad, del que saldrá después el listado de propietarios a los que se les aplicará la correspondiente sanción. La intención era ponerlo en marcha en 2024.

El consejero también alude a que la vivienda deshabitada «ha ido disminuyendo de manera muy importante», en parte porque algunos propietarios pensaban que podían ser penalizados si se implantaba el canon, como sucedió en la capital vizcaína, pero también por «la escasez de oferta» de casas disponibles «ante una demanda galopante» después de la pandemia, período en el que la construcción sufrió un importante retroceso.

¿Y cuál es la situación? Si nos fijamos en los datos del último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas, de 2021, en Álava había 11.072 casas vacías y, de ellas, 4.876 se encontraban en Vitoria. Estas casas suponen únicamente el 4,1% del total, lo que la convierte en una de las ciudades españolas de más de 200.000 con menor tasa de vivienda vacía: solo Móstoles se encuentra por debajo. Si se compara el dato con la vecina de Bilbao, allí el porcentaje se sitúa en Bilbao en el 5,5% (9.141 pisos). Con todo, este dato puede no ser del todo exacto. Hasta ahora la cifra se obtenían de la información de las entrevistas censales, sin embargo en el último censo se ha basado fundamentalmente en el consumo energético registrado. Ahora se considera como vivienda vacía la que no dispone de contrato de suministro eléctrico o cuyo consumo total en el año precedente ha sido menor al que una vivienda media de ese mismo municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año.

Más preciso es el último cálculo del Gobierno vasco, que habla de 2.051 casas «gestionables» de cara a aplicar el canon en el territorio, 752 de ellas en la capital. Con todo, ese análisis, a estas alturas, debe mirarse con cautela, ya que se basa en una prospección realizada también en 2021.

¿Entonces? La respuesta más fiable estaría en los censos de viviendas vacías que podrían elaborar los ayuntamientos de cara a tener una radiografía de su municipio para la aplicación del canon, un registro que tampoco ha presentado ningún consistorio, aunque portavoces del departamento de Arriola señalan que algunas administraciones locales «están dando pasos». Subrayan, eso sí, que ellos lo que hicieron fue «crear un marco normativo», pero son los regidores locales «los que tienen que decidir cómo está la situación si les interesa o no habilitar esos instrumentos».