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Drogas en Euskadi
El narcotraficante que se dejó la lavadora puesta en su piso social de VitoriaLos desalojos judiciales se han convertido en una caja de sorpresas. Y más los de Alokabide, donde los desahuciados no siempre coinciden con el inquilino ... que firmó el contrato social con este organismo del Gobierno vasco. El jueves, la comitiva judicial, acompañada por una patrulla de la Policía Local, protagonizó un hallazgo singular en el barrio de Salburua, en Vitoria.
Con el timbrazo a la puerta de la casa culminaron varios meses de trámites por los impagos del alquilado oficial. Días antes, esta sociedad pública encargada del alquiler social comunicó por carta el lanzamiento, el nombre técnico para esta maniobra legal. El jueves nadie respondió al otro lado. Así que la comitiva accedió al interior.
La lavadora estaba puesta. Había aún ropa y objetos que evidenciaban que aún vivía alguien. Como marca el protocolo, los representantes legales recorrieron las habitaciones para comprobar si había alguna persona escondida. A nadie localizaron. Pero, por contra, a simple vista había básculas de precisión, alrededor de cien gramos de hachís, algo de cocaína y pastillas. También dinero en efectivo.
Es decir, todo indicaba que el domicilio de alquiler público se había reconvertido en narcopiso. En la actualidad, una parte importante del menudeo de droga se despacha en pisos particulares desde que el marcaje de la Guardia urbana –en especial del GPA, una unidad especializada– a los narcobares de la ciudad provocorá un aluvión de cierres.
A raíz de este descubrimiento de sustancias estupefacientes en esta vivienda social de Salburua, la Unidad de Investigación de la Policía Local entró en escena. Sus agentes buscan al dueño de estas sustancias, y supuesto encargado del narcopiso.
En principio se trataría de una persona distinta a la que figuraba como realquilado oficial del domicilio. Hace ahora un año, EL CORREO destapó que decenas de estos beneficiarios las subarriendan de forma irregular al mudarse a otras ciudades o a otras viviendas de la capital del País Vasco. El boca a boca y, al menos, cuatro locutorios se encargan de difundir las «ofertas». Éstas oscilan entre «entradas» de mil o 2.000 euros a 'alquileres' mensuales de hasta 300 euros.
Este negocio ilegal no prosperará con el piso social descubierto el jueves. Esa misma jornada, Alokabide colocó una puerta antiokupas. Ahí seguirá mientras se tramita la llegada de nuevos usuarios. En Álava, esta sociedad pública dependiente del Gobierno vasco coloca un elemento protector cada tres días.
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