Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Durante cuatro décadas su vida ha girado en torno a una central atómica a pleno rendimiento. Y ahora se ven condenados a convivir como mínimo otros 50 años más junto a un cementerio nuclear. Los quince municipios del entorno de Garoña, dos de ellos alaveses ( ... Lantaron y Valdegovía), se enfrentan a un escenario que no preveían: 49 enormes contenedores con combustible gastado y seis más con otros residuos especiales van a dormir indefinidamente a corta distancia de sus casas.
Ese es el futuro que dibuja la renuncia definitiva del Gobierno -confirmada hace sun mes- a construir el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca); el 'búnker' que iba a alojar todas las 'cápsulas' radioactivas del país como solución intermedia hacia otro almacén, el Geológico Profundo (AGP) que no se espera hasta 2073. Y para el que tampoco existe ubicación decidida.
El pasado viernes la planta cumplió diez años desconectada de la red. Hoy está en una fase preliminar de desmantelamiento. «La central está parada sí, pero los residuos nos los van a dejar aquí y al final afectan lo mismo que la propia nuclear», lamenta Javier Uriarte (PNV), alcalde de Lantaron. El municipio alavés se encuentra en la definida como zona 1 de Garoña -radio de diez kilómetros-. Mucho más cerca, en el epicentro (la cero), está el Valle de Tobalina, que agrupa a 33 pedanías. «El compromiso era que esos contenedores salieran de aquí. No contábamos con que se fueran a quedar casi definitivamente», refuerza su regidora Raquel González (PP).
Desde esta población cabecera se levanta la voz con más fuerza pidiendo compensaciones. Y el debate ha llegado ya a la AMAC, la asociación estatal de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares. «Si, como parece, esto se convierte en prácticamente definitivo tendremos que hablarlo y renegociar si cabe», subraya su presidente, Juan Pedro Sánchez, quien insiste en que el Ejecutivo tiene que «darse más prisa» para habilitar el AGP (la fosa final a unos 500 metros de profundidad). «Hablan de 2073, pero nosotros creemos que es posible tenerla ya en 2050», asegura.
Proporcional
En todo caso, mientras llega esa alternativa, se reclama más dinero por el cambio de criterio del Ministerio de Transición Ecológica. Y aquí la fórmula que barajan algunos ayuntamientos es que los 6 millones de euros que ya no se destinarán al 'búnker' de Cuenca «se repartan» entre todas las localizaciones nucleares del país «atendiendo al mismo criterio de proximidad y a otros parámetros (extensión, habitantes, etcétera)».
Los afectados ya reciben contraprestación por esos depósitos radioactivos que se definen como ATI (Almacén Temporal Individualizado). Un eufemismo, porque -se insiste- la premisa de la temporalidad ha saltado por los aires. «Lo previsto a futuro era que Garoña (una vez desmantelada) quedase como un espacio natural», recuerda González. Y eso ya no se sabe cuándo puede suceder... si alguna vez sucede. «Ya no existe una frontera temporal».
Más dinero, en definitiva, para contrarrestar el olvido o la falta de ayudas a pequeñas localidades que se han visto obligadas a reinventarse. «De momento está el colchón de los fondos europeos, pero son convocatorias que tienen unos requisitos que puedes cumplir o no», se lamenta.
En esta década de apagón nuclear muchos pueblos han visto como mermaba su población, varios perdían tejido empresarial -contratas y firmas auxiliares se quedaron sin Nuclenor como cliente- y en todos sus ayuntamientos caían los ingresos. El mejor termómetro de esa situación lo encontramos en el Valle. Su alcaldesa Raquel González, maestra de profesión, pone cifras al desplome. Con el cese de actividad «se han dejado de ingresar alrededor de 800.000 euros anuales»; fundamentales para un presupuesto de poco más de tres millones.
«Desde 2019 tiramos de remanente de tesorería para mantener servicios fundamentales». Hoy cuenta con 900 habitantes censados (un 10% menos que en 2012), aunque la población se multiplica en periodos estivales por su cercanía a Euskadi. El otro 'golpe' para su Ayuntamiento ha llegado con el desmantelamiento. El proceso que habrá de ejecutar Enresa cuando asuma la titularidad de la planta (se espera para marzo) ha sido declarado como de interés general. No fue así con Zorita, lo que permitió a a sus municipios girar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). «Nosotros vamos a dejar de cobrar ocho millones de euros por ese 'interés general'». Es el último golpe.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.