Delitos sexuales

Multa de 6.000 euros por abusar dos veces en una tarde de una discapacitada en Vitoria

Ella está diagnosticada de un «trastorno esquizoafectivo de larga evolución asociado a un retraso mental moderado». Hablamos de una persona «manipulable e influenciable, lo que determina su falta de capacidad para consentir libremente relaciones sexuales», según la acusación.

Como en la mayoría de casos tramitados en el Palacio de Justicia con esta mujer como víctima, ella se acercó al investigado en un parque de Vitoria. Entablaron conversación y él la invitó a su casa. Sin testigos y pese a que varios informes forenses hablan de que su discapacidad es «plenamente apreciable», el procesado se aprovechó «de esta circunstancia». Luego la llevó en su coche hasta el pueblo de Mendoza, donde consumó un nuevo ataque sexual.

La posterior investigación no halló indicios de violencia física o verbal a cargo del sospechoso. De ahí que defensa y acusaciones aceptaran sentarse a negociar.

Hasta la fecha, la Audiencia ha emitido sentencias condenatorias y, al menos, una absolutoria con esta víctima, que reside en un centro tutelado perteneciente a una asociación especializada. Ayer miércoles sumó otra condena más. Aparte de en Álava tiene procesos pendientes en Bizkaia por incidentes similares.

Y esta nueva pena se registró sin necesidad de aguardar el dictamen de los magistrados Jesús Poncela, Francisco García Romo y Ana Zulueta. ¿Por qué? Pedro De Bernardo, defensor del acusado y conocido por ejercer como abogado de la madre de Diana Quer, aceptó un trato con las acusaciones, a cargo de la fiscal Andrea Suárez y del abogado Óscar De la Fuente.

La conformidad –una figura muy habitual en los tribunales– incluyó el cambio de la agresión sexual continuada a «dos abusos sexuales» el día de los hechos, el 3 de julio de 2021. Por cada uno recibió dos años de prisión que, al carecer de antecedentes, evitar a cambio de cumplir varias «condiciones», como le recordó tribunal.

Éstas consisten en el pago en seis meses de los 6.000 euros para la víctima. Antes de refrendarse la sentencia oral, el encausado se desplazó hasta su banco y completó la primera trasferencia. Mil euros. No podrá acercarse ni comunicarse con esta mujer con discapacidad hasta noviembre de 2029. Pasará el próximo lustro en libertad vigilada (una restricción de movimientos). También deberá completar 160 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Y, por último, no podrá cometer ilícito alguno durante los próximos tres años. «Son tres años a prueba», le recordó el presidente de la sala, Jesús Poncela, antes de certificar la decisión.