Erkoreka anuncia nuevas medidas tras otro fallo en la protección de una mujer maltratada

En respuesta a las preguntas planteadas por Laura Garrido (PP) y Amaia Martínez (Vox), Erkoreka advirtió de la «complejidad jurídica» que puede encontrar esta medida, que está siendo analizada por el grupo de trabajo de la Ertzaintza encargado de la revisión «permanente» de los protocolos. El equipo está intentando mejorar las medidas existentes, «entre las que se encuentra la contravigilancia policial», al tiempo que «explora» la posibilidad de establecer otras «de control directo a la persona agresora», que se antojan «eficaces pero complejas judicialmente».

Los procedimientos habituales ya quedaron en entredicho en el caso de Mailen, embarazada de gemelos en el momento de su asesinato. Un mes después de aquella muerte, las autoridades anunciaron que la plantilla dedicada en exclusiva a la violencia de género y doméstica en Álava se reforzaba con la llegada de 6 agentes: cinco más en Vitoria, que suma 12, y otro en Llodio, que pasaba a tener dos. En el conjunto del País Vasco el compromiso era el de pasar de 71 a 100 agentes dedicados en cuerpo y alma a la lucha contra la lacra de las agresiones machistas y la violencia doméstica.

El proceso de reajuste no parece haber sido suficiente a tenor de lo ocurrido en Gipuzkoa hace dos semanas. «En ambos casos –precisó Erkoreka ante el Parlamento– hay un denominador común: las dos víctimas eran reticentes a colaborar con las medidas de protección establecidas con las resoluciones judiciales». Y es que proteger a quién dice no necesitarlo y accede a mantener contacto con su maltratador, como concurre en los dos episodios, supone un gran reto. En este sentido el vicelehendakari se remitió a una sentencia del Tribunal Supremo que señala que «los consentimientos se prestan en un marco intimidatorio innegable en el que las parejas se conocen demasiado bien y utilizan para lograr la aceptación del otro artimañas engañosas cuando no el recurso de asentimientos fingidos o falsas promesas».

Para hacer frente a esta realidad, la Ertzaintza considerará, a partir de ahora, que la falta de colaboración de la víctima está condicionada por su dependencia (emocional, económica, hijos e hijas, etc.) con el agresor y, en consecuencia, cuando se muestre «reticente» a colaborar y facilite el acercamiento de este, la policía vasca lo entenderá como un indicio de un mayor riesgo para su integridad. Con especial atención a aquellos casos calificados de riesgo alto y especial, los dos más altos en una escala de cuatro niveles.

Esta valoración máxima tenían Maialen, con cuyo cadáver estuvo durante varias horas su hija de corta edad, y la joven de 20 años fugada hace dos semanas con su agresor  del piso de la Diputación foral de Gipuzkoa. Había llegado allí tras ser agredida por su ex pareja, que además mordió a la hija de ambos. Una amiga de la joven fue testigo y grabó lo ocurrido. En declaraciones al Diario Vasco, la Diputación de Gipuzkoa ha asegurado que el centro de acogida «cumplió con el protocolo» de protección. La mujer desaparecida era la única de las residentes en «riesgo especial» por ello los responsables del espacio debían avisar a la Ertzaintza de cada una de sus salidas. El centro mantiene que así lo hizo, pero según fuentes policiales ninguna patrulla acudió.

De nuevo un problema de descoordinación ante el que se ha abierto una investigación interna. «Dos casos entre 3.629 mujeres protegidas por la Ertzaintza porque así lo ha dispuesto una orden de protección judicial», resolvió Erkoreka, que resaltó el «ingente» trabajo de los agentes del cuerpo policial.