Políticas que miren a la equidad

En primer lugar, la brecha digital. La imposición de la gestión telemática de los trámites oficiales, las dificultades para acceder a los servicios o los largos tiempos de espera son inconvenientes molestos y recurrentes en la relación de los ciudadanos con las administraciones. Pero para aquellas personas que carecen de medios electrónicos o no disponen de conocimientos informáticos, se convierten en una barrera infranqueable que les impide hacer valer sus derechos.

El segundo punto hace referencia a las gestiones administrativas. El lenguaje de las notificaciones oficiales en ocasiones poco claro y difícil de entender, los tiempos de demora en la resolución de las solicitudes y la tardanza en la aplicación de las disposiciones, provocan retrasos en el desembolso de las ayudas sociales, en ocasiones por más de seis meses, que obligan a muchas familias a solicitar adelantos en entidades del ámbito socio-caritativo como es el caso de Cáritas.

El tercer punto, la vivienda, abarca problemáticas muy diversas: la dificultad de acceso a viviendas dignas; el coste en alza de los alquileres y subarriendos de habitación; las condiciones exigidas en forma de fianzas, mensualidades anticipadas o garantías de pago, imposibles de cumplir; la escasa asignación de viviendas de protección oficial tanto para personas solas como para familias; etc. Todas estas dificultades y obstáculos se agravan a medida que desciende el nivel de solvencia de las familias. Como dato a tener en cuenta, cerca del 50% de las ayudas económicas entregadas en los despachos de Cáritas se destinan a solventar problemas relacionados con la vivienda. Y lo más preocupante, esta cifra tiende al alza.

Para dar solución a estas y otras cuestiones sin resolver, se requieren acciones sociales concretas, viables y urgentes.

Necesitamos políticas que incluyan en la normativa de Servicios Sociales, la vivienda como una necesidad básica para todas las personas, independientemente de su situación administrativa regular o irregular.

Urge eliminar las trabas burocráticas que estigmatizan el acceso gratuito a los servicios de las entidades administrativas y urge recuperar la presencialidad en las atenciones públicas.

Es necesario agilizar y mejorar la coordinación entre administraciones para evitar a las familias y en particular a las más vulnerables los períodos de tiempo muerto en los que no pueden cubrir sus necesidades vitales.

Urge un mayor control de la economía sumergida que explota a inmigrantes y refugiados.

Necesitamos políticas que cohesionen a las personas en el territorio y faciliten la inclusión social. En definitiva, desde la perspectiva del bien común y de la justicia social, necesitamos políticas de equidad que den solución a los problemas reales sin condenar a la invisibilidad a quienes, a pesar de vivir en los márgenes, forman parte de nuestra sociedad.