Acaba la huelga de justicia con 10.000 juicios y demandas por reactivar en Álava

En Álava, donde el seguimiento medio de la protesta ha sido del «70%», los antiguos secretarios judiciales también votaron «mayoritariamente a favor» de las nuevas condiciones, que supondrán un incremento de sus sueldos entre los 430 y 450 euros brutos al mes. La cuestión monetaria ha sido el quid de este conflicto laboral larvado la primavera pasada. En abril de 2022 hubo un acuerdo con Justicia que finalmente no se materializó. Los directores de la oficinas judiciales sostienen que llevaban con sus salarios congelados «desde 2009» y que, en este tiempo, sus funciones se habían multiplicado exponencialmente.

Por ejemplo, su rúbrica resulta imprescindible para cualquier comunicación externa o para dar fe de procesos tan determinantes como las elecciones. De hecho, los comicios municipales del 28 de mayo peligraban ya que la próxima semana tocaba conformar la junta electoral y su presencia resultaba obligatoria por ley. En estos dos meses de protestas se han suspendido o paralizado algo más de 10.000 juicios, demandas y escritos en Álava. En especial, en la vía civil.

Dicho de otro modo, desde el 24 de enero no se ha admitido ningún divorcio con hijos de por medio, tampoco adopciones, repartos de herencias, incapacidades o designación de la patria potestad. Lo mismo ha sucedido con ciertas operaciones inmobiliarias o aperturas de negocios que precisaban de algún mandato judicial. También hay más de tres millones de euros en las cuentas de los juzgados a la espera de entregarse a sus legítimos dueños. La vía penal, en cambio, ha funcionado en nuestra provincia con relativa normalidad.

Se desconoce cuánto tiempo tardará el Palacio de Justicia de Vitoria en normalizar su agenda de señalamientos y resoluciones. En salas como las de Primera Instancia han trasladado las vistas suspendidas a «mediados de junio» como fechas más próximas. Algunos otros juzgados han reubicado sus procedimientos afectados por el paro para «septiembre y octubre».

En otras plazas andan aún peor. En partidos judiciales como el valenciano o el asturiano, el atasco no podrá arreglarse «hasta el próximo año como pronto». En el conjunto del país se habla de un mínimo de 356.000 procedimientos varados a la espera de recolocarse a lo largo de este año y el siguiente.

Ayer lunes, con el voto favorable de 1.530 participantes, 418 en contra y 81 abstenciones, estos funcionarios secundaron el llamamiento al acuerdo apalabrado el viernes por sus asociaciones profesionales.

En un comunicado conjunto emitido a media tarde, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia subrayaron que «este apoyo mayoritario respalda que mañana (por hoy) se pueda firmar el acuerdo que ponga fin a la huelga una vez que se aclaren algunos términos del acuerdo final que quedan por matizar». Se refieren a un posible complemento de eficiencia.