El primer gran acuerdo de PNV, PSE y PP en la Cámara de Álava ha sido para beneficiarse a ellos mismos. Pero su plan para que los partidos políticos tengan a su disposición más dinero público, puedan contratar más asesores y para ... que el presidente de las Juntas pueda designar 'a dedo' a un cargo de confianza -para realizar una labor que ahora se convoca por concurso público- tendrá que esperar. Nacionalistas, socialistas y populares no podrán aprobar antes de agosto la modificación de la norma foral que incluye todas esas medidas. Un informe de los servicios jurídicos de la Cámara alavesa critica con dureza sus prisas para sacarla adelante cuanto antes. Los dos socios de gobierno y el partido conservador consideraban urgente su tramitación para aprobarla en pleno verano y que entrase en vigor a partir del 1 de agosto. Pero el letrado considera que es imposible que la comisión permanente -que cubre la labor de los procuradores en asuntos impostergables- aborde una medida de semejante calado.
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Más allá de las razones técnicas sobre su tramitación, los servicios jurídicos dudan sobre su contenido. Los partidos pretenden pasar de 27 a 35,5 asesores -para un total de 51 junteros- y disparar en medio millón de euros la partida de la Cámara foral para estos gastos. Y eso sin incluir las cotizaciones a la Seguridad Social del nuevo personal que corresponderían al órgano legislativo territorial, es decir, 15.900 euros por persona y año más. «Deben ser dados de alta en los seguros concertados por la Cámara, derecho a reconocimientos médicos, mutua foral, parking...», apunta el documento.
La modificación fue diseñada para beneficiar tanto a jeltzales como a los populares, que sumarían 3,5 y 3 asesores más, respectivamente. Sobre todo llama la atención lo que sucede con la formación de Iñaki Oyarzábal, que con la modificación de la norma y pese al duro revés electoral -el 26-M pasó de doce a ocho procuradores-, tan sólo perdería uno de los siete liberados que tenía la pasada legislatura.
Esa capacidad de contratación se traduce en dinero: cerca de 55.000 euros por cada asesor. Así, el PNV recibiría 193.170 euros más; el PP, 165.574; EH Bildu, 82.787; el PSE, 27.595, y Podemos, nada. El informe jurídico califica de «imprescindible» asegurar la financiación y de qué partidas concretas procede, además de recomponer la relación de puestos de trabajo de las Juntas. Y es que, además, se pretende conceder al presidente la capacidad de contar con un asesor 'a dedo' para el protocolo, una tarea que ahora se contrata por concurso con empresas del sector.
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