«Se está legitimando la okupación y las instituciones no dan una solución»

– Por fin podrá dejar el cargo. Lleva en funciones desde 2021. ¿Cómo explica el desajuste?

– Ha sido una cuestión política. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se renovaba y, además, el Gobierno le impidió realizar nuevos nombramientos. Ha sido una plaza deseada donde he podido desarrollar mi profesión. Me ha dado mucho trabajo y quebraderos de cabeza, pero ha compensado.

– ¿En qué ha mejorado y en qué ha empeorado la Justicia alavesa en sus 14 años de mandato?

– Las mejoras son evidentes. En la Audiencia no hay prácticamente pendencia (hechos pendientes de resolución). Sí existe una burbuja en asuntos bancarios, las cláusulas abusivas. Aun así, los tiempos de respuesta son muy buenos. A nivel del Palacio, he intentado siempre convencer al CGPJ y al Ministerio de Justicia para crear nuevos órganos. Se generó una nueva plaza en penal previa al 'caso De Miguel', la quinta plaza en la sección Civil y también está la especialización de los dos juzgados de familia con la llegada del Primera Instancia 9.

– ¿Lo peor?

– No ha habido nada malo.

– En su primera entrevista como presidenta pidió más medios. ¿En la última?

– El Gobierno vasco, responsable de los medios materiales y personales, no escatima en lo primero. Ya llegó el expediente digital. Tenemos lo necesario. El Palacio se ha quedado un poco justo en capacidad, pero han adquirido dos locales en edificios colindantes para liberar espacio. Uno de ellos ya está funcionando.

– ¿Y los medios humanos?

– Siempre me he quejado de la formación de los interinos. Es el caballo de batalla en este campo.

– En algunos juzgados conviven con montañas de expedientes pendientes. ¿Por qué?

– Porque hay mucha carga de trabajo. Los nuevos expedientes se están informatizando y quedan los antiguos, superiores a dos años. Los que más carga acumulan son los de Primera Instancia. Llevan asuntos bancarios, familia, desahucios, reclamaciones de cantidad y, en menor medida, herencias. También está sobrecargado el de Violencia sobre la Mujer. He solicitado un segundo juzgado. Más cuando la nueva Ley de Eficiencia les va a atribuir todos los delitos sexuales. Entrará en vigor en junio para Amurrio y aquí en septiembre u octubre.

– Miles de alaveses han recuperado dinero gracias a las sentencias por las cláusulas suelo.

– Quiero pensar que hemos satisfecho sus necesidades y previsiones. Evidentemente la Justicia funciona, aunque en algunas ocasiones es lenta.

­– ¿Queda alguna vía por explorar en los abusos económicos?

– Toda la telefonía móvil y los contratos de seguros. Se introducen cláusulas no demasiado conocidas por el consumidor y que pueden afectar a su economía.

– ¿A qué se refiere?

– ¿Has leído tu contrato de teléfono móvil?

– Qué va.

– Pues son continuos los abusos que se producen por parte de algunas compañías. Todavía no hemos tenidos casos, quizá porque son cantidades pequeñas y el consumidor lo deja pasar.

– Esta semana se ha anunciado el cierre de Guardian en Llodio. ¿Cómo están los concursos de acreedores, EREs y ERTEs?

– Es una pésima noticia, pero en líneas generales tenemos un panorama más contenido. Sobre todo si lo comparamos con el periodo 2007-09. El Juzgado de lo Mercantil maneja ahora una carga asequible y cuenta con una gran profesional al frente.

– En 2010 hubo 14.948 delitos en Álava. El pasado año, 21.685. ¿Qué le sugiere esta progresión?

– Que es la pura realidad. La delincuencia ha subido en Vitoria, en Álava y en prácticamente todas las provincias del país. Desgraciadamente es así. Además hay unos delitos que se han incrementado más que otros. Los asuntos relacionados con el tráfico de drogas han disminuido. En cambio se han incrementado los abusos sexuales. La sección penal de la Audiencia continuamente juzga ataques sexuales. Es un fenómeno a estudiar.

– ¿Vitoria sigue siendo segura pero cada vez menos?

– No sé si sigue siendo segura. Es cierto que otras ciudades han tenido también incrementos de la delincuencia y siguen siendo menos seguras que Vitoria. ¿Seguridad? No es que haya demasiada, pero estamos mejor que en otros lugares.

– Demasiada gente sale a la calle con navaja. La fiscal jefa, Carmen Cotelo, habla de cuestión cultural. ¿Usted?

– Deberían estar prohibidas. Ahora te ponen una multa si te pillan con ella por la calle. ¿Pero la pagan? Seamos sinceros. Normalmente, quien la porta proviene de un estrato social concreto. Entonces, ¿se van a declarar insolventes porque ya lo son? Sé que lo que digo es políticamente incorrecto. Es un tema complicado, pero algo hay que hacer.

– Le recuerdo el caso, aún abierto, de Maialen, la vitoriana asesinada por su ex en un apartahotel de la ciudad. Era víctima de máximo riesgo fuera de Euskadi, donde vivía. Aquí le calificaron de moderado. Ahora, el sistema nacional de valoración y el vasco sí están interconectados.

– Pero esa interoperabilidad tenía que haber llegado antes. No puedes decir que tienes tu propio sistema si ya hay uno disponible y se debería haber dispuesto de él, que era Viogén.

– ¿Por qué no baja la violencia machista?

– Buena pregunta. Si supiera la respuesta... Supongo que es un asunto educacional, cultural, social. Creo que tiene muchas ramificaciones y que es complicado. Evidentemente los jueces hacemos lo que podemos cuando el delito se ha cometido. Las soluciones hay que buscarlas fuera de los juzgados porque nosotros damos respuesta cuando se ha cometido el delito, desgraciadamente. Sancionamos el delito, no lo prevenimos.

– ¿Hay denuncias falsas, como defiende ahora el exdiputado de Sumar Iñigo Errejón?

– Puede haberlas, pero creo que son mínimas. En la Justicia también trabajamos para que no haya ese tipo de denuncias.

– ¿Qué pasa con los okupas?

– Hay muchos particulares afectados. Es un tema complicado porque se está legitimando la okupación. Una vez que okupan, es muy difícil echar a esas personas. Alegan que son vulnerables. Si tienen niños menores directamente no se puede. Y la administración de la que depende en parte solucionar la vulnerabilidad, tanto social como económica, no da una solución. Por ley deberían ofrecerles un recurso habitacional si son vulnerables.

– ¿Habla del Ayuntamiento?

– Del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma.

– ¿El decreto de vulnerabilidad está retrayendo a los propietarios a alquilar sus pisos vacíos?

– No lo puedo asegurar pero creo que sí. ¿El propietario de un piso se atrevería ahora a alquilar? Hay un dato y es que la oferta de alquiler ha ido reduciéndose.

– ¿Cuál sería su solución?

– Modificar la ley. Los desahucios son bastante rápidos. Antes eran comunes por falta de pago. Ahora, si alguien no paga y alega vulnerabilidad, hay que contactar con los servicios sociales para que emitan informe. Si es positivo –vulnerabilidad social o económica–, paras el lanzamiento. Pero lo que digo es que, a cambio, el Ayuntamiento del que dependen esos servicios o la comunidad autónoma no dan una solución para buscar una vivienda a esas personas. Y ahí está el problema. Quizá no están preparados, pero cuando se publica una ley debe ir acompañada de todos los recursos que sean necesarios.

– Al final, la víctima es el dueño de ese piso o lonja que durante meses o años pierde su bien.

– Lo cierto es que la ley prevé una indemnización para esa persona. Podrían reclamar una cuantía en concepto de indemnización. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido casos.

– ¿Reclamar a quién?

– Al Gobierno vasco. El CGPJ, a través del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tiene un convenio firmado con el Gobierno vasco en ese sentido.