Miren Larrion anuncia un pacto con la Fiscalía para evitar sentarse en el banquillo

A falta de conocer más datos, Larrion citó una supuesta resolución médica de Osakidetza como llave para convencer a la Fiscalía de parar la causa y ahorrarse, así, el mal trago de sentarse en el banquillo de los acusados. En cualquier caso, la expolítica nunca hubiera ingresado en prisión. A su falta de antecedentes penales se sumaba la escasa gravedad penal de los hechos imputados.

El caso, desvelado por EL CORREO, estalló el 22 de febrero de 2021. La Ertzaintza la descubrió a las pocas semanas de hurtar la documentación a su compañera cuando coincidieron en la sede de la coalición soberanista. Le dio tiempo a abrir una cuenta bancaria con esa identidad robada e ingresar 300 euros. También contrató un móvil y una dirección de correos. Se desconoce qué quería hacer con estas maniobras. Ayer tampoco lo explicó.

Sí volvió a hablar de «error» en sus acciones. «Hace ya algo más de un año que públicamente reconocí un error. De lo que en ese momento yo no era consciente era que abrir una cuenta utilizando una documentación de una compañera además de ser un error, también era un grito de ayuda», explicó en su carta abierta.

Fue el 22 de febrero de 2021 cuando integrantes del Grupo 6 de la Ertzaintza le 'cazaron' a la salida de una entidad bancaria de Vitoria donde había sido citada para descubrir quién se escondía bajo el nombre de su compañera, que denunció el uso de su documentación robada para abrir una cuenta bancaria.

En un principio negó la mayor a los ertzainas. Las contundentes pruebas en su contra le obligaron a dimitir esa misma tarde y poner un abrupto final a su prometedora carrera política. Se llegó a hablar de ella como posible aspirante a relevar a Arnaldo Otegi. También fue la ideóloga para arrebatar la Alcaldía al popular Javier Maroto en favor de Gorka Urtaran, que cuatro años después sí la ganó en las urnas.

Una vez desenmascarada, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria abrió diligencias en su contra. Fue investigada por cuatro presuntos delitos: «falsedad documental, usurpación de identidad, hurto y estafa en grado de tentativa». En su declaración ante la jueza manifestó que no era consciente de sus actos por un supuesto problema mental. Los forenses del Palacio de Justicia que la examinaron sí apreciaron un cierto desequilibrio, aunque sentenciaron que «sabía lo que hacía». En sus conclusiones sólo hablaron de «estrés agudo» y de «angustia».

En su mensaje publicado ayer, la que fue candidata por EH Bildu a alcaldesa de Vitoria en 2015 y 2019 se confesó: «os debo decir que yo entonces sabía que estaba mal, pero no era para nada consciente de cuánto». A raíz de este escándalo, que ella define como «grito de ayuda», solicitó apoyo especializado. «Pude ser atendida, diagnosticada y tratada por el mejor de los equipos de Osakidetza». Ahora, 15 meses después de su escabrosa salida del Consistorio vitoriano, el dictamen de estos especialistas médicos ha servido para echar el cierre a la vía judicial y abrir su retorno como docente en la UPV.