Lakua y El Pilar son los barrios que más sufren por el ruido viario, con casi 3.000 afectados

En total, hasta 2.827 residentes (1.446 en Lakua y 1.381 en El Pilar) conviven con las desagradables consecuencias de la movilidad. Éstos viven entre las calles Portal de Foronda, en la Avenida del Zadorra (que se extiende hasta Sansomendi), Juan de Garay, Avenida Gasteiz, Simón de Anda, Basoa o Portal de Arriaga.

Para el Consistorio, esas calles son ahora «zonas de conflicto» porque allí se han detectado sonidos que superan los 55 decibelios, umbral en el que comienzan a ser insanos. Aunque éstos puntos no son los únicos afectados. Las estadísticas municipales también registran otra decena de ubicaciones catalogadas como áreas acústicas sensibles. Estas son, el eje de San Ignacio de Loyola con Francia y Paz, el de Reyes Católicos con Los Herrán -ahora en plena transformación-, el cruce de Portal de Castilla con Alto de Armentia, el Paseo de la Zumaquera y Zumabide, las calles Florida y Manuel Iradier, así como las vías de entrada a los polígonos, Gamarra Mayor y Betoño.

Con esos resultados, que demuestran que la calidad de vida de un 4,4% de vitorianos aún no es del todo elevada, el Gabinete Etxebarria ha elaborado un ambicioso «plan de acción para la mejora del ambiente sonoro» que estará en vigor durante los próximos cuatro años, hasta julio de 2029.

El desafío es lograr que un 83% de la población disponga de niveles de la denominada «zona tranquila» (por debajo de 50 decibelios) para el periodo nocturno. Y es que es en ese momento del día, desde las once de la noche hasta las siete de la mañana, en el que el ruido -que tiene en cuenta el tráfico de vehículos, el ferroviario de pasajeros y mercancías, y los camiones relacionados con el sector industrial-, resulta más «desfavorable». En la actualidad, sólo un 79% cumple con esas mediciones convenientes. Además, habría 71 personas que sufren enfermedades cardíacas isquémicas debido al ruido producido por los focos ambientales, alrededor del 14% de la población vitoriana tendría molestias intensas por este mismo motivo y un 3%, alteraciones graves del sueño, de acuerdo con los mismos medios.

Desde 2019, cuando se aprobó el anterior plan, apenas se ha logrado una mejora del 0,6% entre quienes soportan demasiados decibelios. De hecho, y si bien se había estimado un presupuesto de medio millón de euros para la mejora de la calidad acústica de la capital alavesa, el departamento de Medio Ambiente sólo destinó alrededor del 38% de esa cifra; un total de 229.611 euros.

En ese balance, el Gobierno municipal habla de una «dirección correcta». Aunque, con la nueva batería de medidas lanzada para el próximo lustro quiere lograr que este proyecto venidero sea más «efectivo» y que, por fin, se «alcancen los objetivos marcados».

Lo más urgente es actualizar la ordenanza municipal contra el ruido y las vibraciones. En este sentido, el Gobierno municipal debe atajar la insonorización de los locales de hostelería ya que aún hay ocho establecimientos que siguen «fuera de ordenación» en materia de aislamiento acústico. Si bien en esta memoria no se contemplan cifras sobre los ruidos elevados que genera el ocio nocturno, sí se puntualiza que las mayores quejas suelen asociarse a este ámbito y establece una línea de acción especifica en la que recoge, para este ejercicio, la necesidad de «analizar las causas y la molestia en cada caso» para, al menos, cumplir los decibelios en el interior de las viviendas.

En cuanto al tráfico viario, se propone a corto plazo «clasificar los pavimentos con respecto al ruido» para, después, valorar su sustitución en calles como la Paz, Portal de Foronda (sentido salida), Florida, Portal de Castilla, Zumabide y Arriaga por ser las que concentran las mayores afecciones.

En 2025, el Ayuntamiento también quiere establecer un protocolo para el estudio del impacto acústico cuando se organicen grandes eventos o citas musicales, así como crear un sistema de recogida de quejas vecinales. De forma anual se marca la supervisión del ruido sobre carreteras o el tranvía y cada quince días la revisión del crecimiento del tráfico aéreo «para valorar si se requiere definir un método de vigilancia de sus niveles de ruido». El presupuesto estimado para estas y otras acciones prioritarias es de 450.000 euros.