Lakua ve «imposible cumplir» las exigencias de Urtaran para activar 960 VPO en Salburua

La respuesta del responsable del departamento de Vivienda del Gobierno vasco, a la que ha tenido acceso este periódico, insiste en que «no puede acometer obras de rehabilitación tan importantes en inmuebles que no son de su propiedad», que rondan los 50.000 euros por piso según sus estimaciones iniciales. Y es que en esa lista de viviendas a rehabilitar figuran las 42 de la calle Bustaldea (en Goikolarra), paralizadas hasta que se apruebe el nuevo Plan General, y otra veintena, la mayoría en el Casco Medieval.

A raíz de este planteamiento, Arriola lanza un dardo al Ayuntamiento. «No puede pretender que un patrimonio de su propiedad en condiciones muy precarias se revalorice a costa de una inversión millonaria de otra administración», señala. En este sentido, la petición de Urtaran incluía la devolución de las viviendas rehabilitadas en «buen estado» tras un periodo de veinte años. Lakua asegura que «no puede utilizarse como condición irrenunciable»; por un lado, porque el Consistorio ya cede los suelos de manera «gratuita y permanente», por lo que entiende que podría hacer lo mismo con pisos ya construidos; y por otro, porque el alquiler social «supone un esfuerzo económico creciente y que genera un déficit anual» al Gobierno vasco. Es decir, que los pisos que se ofrecen por unos 230 euros al mes no se llegan a amortizar nunca.

La posible cesión de las viviendas para rehabilitar es el punto en el que se han enquistado de nuevo las posturas, ya que el Ayuntamiento asegura que tanto el interventor general como el auditor de Ensanche 21 (la sociedad pública de la rehabilitación) han puesto importantes reparos a este acuerdo, que suponía ceder patrimonio de forma indefinida. El desencuentro se produce cuando ambas instituciones tenían el nuevo acuerdo «a punto de firmarse», y con el «principal escollo» de la tributación ya solventado con una bonificación del 95% en el impuesto de construcciones (ICIO).

Con las posturas enrocadas, el Gobierno vasco plantea desligar ambas cuestiones. Por un lado, cerrar el convenio para la puesta en marcha de los 960 VPO de alquiler y, por otro, trabajar en otro acuerdo de colaboración para rehabilitar las viviendas. Es más, advierte de que «condicionar el uno a la ejecución del otro supondría un retraso en la consecución de los objetivos», como la reducción de la lista de espera de alquiler protegido, que ronda los 9.000 solicitantes. A día de hoy, sin embargo, parece difícil que el Ayuntamiento renuncie a incorporar la reforma de algunos pisos a cambio de la cesión de suelos.

Más de la mitad de los casi mil pisos que se proyectan en Arkaiate y Larrein (543) se encuentran pendientes de desarrollo desde 2007, mientras que el resto (417) forma parte de un nuevo acuerdo entre ambas instituciones. Se trata de uno de los mayores impulsos a vivienda de alquiler de los últimos años para tratar de atender a la gran demanda que se ha generado en los últimos años. De hecho, la última promoción de 152 viviendas en Arkaiate ha recibido más de 3.400 solicitudes, lo que supone una respuesta «abrumadora».

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