Condenan al Ayuntamiento de Vitoria por nombrar de forma «fraudulenta» al jefe de la Policía Local

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La oposición considera «grave» el proceso judicial abierto

Aunque el dictamen de la magistrada Ana María Martínez Navas será recurrido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) -y por tanto no es firme-, deja en muy mal lugar a la administración local, que mantendrá en el puesto a García Tobalina. En este sentido, la concejal de Seguridad Ciudadana, la socialista Marian Gutiérrez, proclamó ayer que «no estamos de acuerdo para nada con el contenido de dicha sentencia, y mucho más aún con el sesgo de género, por lo tanto se va a recurrir, no les quepa la menor duda». La oposición en bloque -EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos- pidió explicaciones y tachó el asunto de «grave».

Pese a la respuesta de Gutiérrez, el texto legal aprecia que «se observa una discriminación por razón de género y un incumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad». ¿En qué consistió la irregularidad? «En cercenar la carrera profesional de la única persona que cumplía con los requisitos para ocupar el puesto de comisario en la Policía Local, que a la sazón resultaba ser mujer». Seguridad Ciudadana priorizó en 2018 a 'su' candidato, pese a carecer de la graduación exigida; entonces era suboficial. Cuando llegó a oficial, fue nombrado a dedo, viene a decir a la sentencia.

La demandante acumula más de dos décadas en el cuerpo. En este tiempo ha protagonizado una escalada constante en la Policía Local, con muchas horas de despacho y menos de calle. «Siempre se ha centrado en prepararse para ganar galones», estiman fuentes internas de Aguirrelanda.

Las conclusiones de la magistrada -la misma que anuló el cese de una interina en el Ayuntamiento de Llodio por no saber euskera- ahondan en que hubo una maniobra consciente para sacar a Vidaurre de la lucha por la jefatura. «Se llevó a cabo mediante una sucesión de actuaciones administrativas constitutivas de desviación de poder, la primera de ellas, el nombramiento de García Tobalina como comisario el mismo día que cumplió el requisito exigido para serlo». Antes estuvo cuatro años «en comisión de servicios» pese a carecer de los requisitos exigidos.

La resolución judicial de Contencioso Administrativo 1 insiste en la mala praxis de los departamentos municipales de Recursos Humanos (dirigido por el PNV) y de Seguridad Ciudadana (a cargo del PSE). Y nombra al concejal Iñaki Gurtubai y a la directora del departamento, Susana Alfonso. Del primero, adscrito al PNV y que irá en la plancha de Beatriz Artolazabal, afirma que el año pasado permitió «una actualización de nombramientos, argumento que constituye una simple invención del departamento para justificar la desviación de poder en la que ha incurrido».

En cuanto a la actual directora de Seguridad Ciudadana, funcionaria seleccionada por los socialistas, enfatiza que, en connivencia con su socio de gobierno, «quisieron salvar el incumplimiento (por parte de García Tobalina) del principal requisito, que no ostentaba la categoría exigida, como sí la ostentaba la única mujer de todo el cuerpo de policías locales».

Alfonso tuvo que dar cuentas el 27 de marzo del año pasado por esa renovación del cargo, jamás publicitada. Ni a nivel interno ni externo. Su testimonio no convenció a la jueza. Ésta alega que la directora «justificó» la continuidad de García Tobalina como interino hasta cubrir el puesto de manera definitiva. Esa es, a su entender, la «razón que prueba la utilización fraudulenta de un procedimiento de selección para conseguir el nombramiento de una persona previamente determinada». O sea, el comisario ahora señalado por encima de cualquier otro candidato. Y para ello se aguardó hasta que cumplió el requisito legal necesario.

Pero Vidaurre no fue informada del cambio de condiciones ni de su posibilidad real de volver a optar al cargo. Ahí, la magistrada Martínez Navas apostilla que el equipo de gobierno municipal patinó con «la sustitución de un verdadero proceso selectivo por una figura inexistente, que fue la 'actualización del nombramiento', para así sostener a García Tobalina en el puesto que venía desempeñando desde el año 2018 sin cumplir con los requisitos exigidos para tal».

En este sentido, Marian Gutiérrez recordó que su departamento cuenta con «una mujer en la dirección (Susana Alfonso) y dos (Vidaurre y Silvia Rodríguez) entre los cuatro subcomisarios». ELA considera que el fallo implica que «el Gobierno Urtaran ha cometido desviación y abuso de poder». La jueza impone 2.000 euros de costas al Ayuntamiento. Asimismo, reconoce el derecho de la demandante a que se convoque un concurso de méritos.