Justicia confía en recuperar la normalidad en Zaballa el lunes

Con estos refuerzos temporales, su departamento confía en parchear el colapso actual ante lo que parece una huelga encubierta de buena parte de la plantilla, harta de que las conversaciones con el Ejecutivo de Lakua no prosperen. Hace tres años que el Gobierno vasco recibió la trasferencia penitenciaria y desde entonces los desencuentros con los sindicatos se han sucedido. Hace meses que centrales, como UGT, denuncian «falta de personal» y un exceso de horas extra por parte de estos empleados.

También para esta tarde de viernes, según Aguirre, está previsto que se retomen las comunicaciones de los reclusos con el exterior. Es decir, con sus familias y abogados. Incluso no ha descartado que vuelvan los vis a vis. Por si acaso, Justicia ha encargado un número indeterminado de 'tablets' que pondrá a disposición de los alrededor de 900 presos de Zaballa. De ellos, 840 se hallan en régimen ordinario, lo que significa que no salen del recinto carcelario.

Aguirre ha admitido la gravedad de la situación en la mayor cárcel vasca, que cuenta con 197 trabajadores en nómina. Curiosamente, esta oleada de bajas en Álava no se ha dado ni en Bizkaia ni en Gipuzkoa.

¿Cómo ha afectado esta medida de protesta de los funcionarios de Zaballa? Desde el día 4 de diciembre, cuando empezaron a faltar empleados penitenciarios, «los talleres laborales sólo cerraron un día», ha matizado Aguirre visiblemente aliviado. No ocurre igual con las actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio. De momento siguen cerradas a la espera de la llegada de nuevos trabajadores interinos y de que los funcionarios de baja retornen a sus puestos de trabajo.

Respecto al auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en el que pedía investigar las bajas e incluso judicializar el asunto, el director de Zaballa ha querido dejar claro que este conflicto laboral no se tramita en el ámbito del centro penitenciario y que la autoridad judicial debe «gestionar la tutela de los derechos de la población interna». En este punto, ha querido remarcar que él, como máximo responsable operativo de la cárcel alavesa, no ha denunciado «nada», sino que, como es obligación, ha notificado a las autoridades judiciales los «servicios esenciales y derechos» de los presos que «por el motivo que sea, no se están cumpliendo y se han visto interrumpidos».

Mientras UGT Euskadi ya denunció ayer la situación de estos funcionarios, esta mañana ha cogido el relevo Comisiones Obreras. En una nota, esta central ha subrayado que «es necesario que la administración, de forma urgente y responsable, tome medidas que aborden de forma eficaz las necesidades del personal penitenciario».

En este contexto, CCOO ha exhortado al Gobierno vasco que «tiene que poner sobre la mesa una propuesta de productividad para la mayhoría del personal penitenciario». También han exigido nuevas soluciones para «una mejora en las condiciones laborales y también una mayor eficiencia en la gestión de los centros penitenciarios».

Por otra parte, Salhaketa, asociación de apoyo a presos, ha convocado una protesta para mañana, sábado, en la que pretende protestar por las consecuencias de esta presunta huelga encubierta.