El juicio del ‘caso De Miguel’ entra desde mañana en su fase decisiva

Pero estas dos sociedades eran tan sólo la punta del iceberg de un complejo entramado diseñado para la supuesta adjudicación de contratos públicos de manera irregular y la exigencia de comisiones a cambio. Un escándalo que sentará en el banquillo de los acusados a otras 25 personas, en su mayoría altos cargos y militantes relacionados sobre todo con el sector más soberanista del partido nacionalista. Para ellos, se solicita una pena global de 450 años de prisión por parte del Ministerio Público.

Hasta finales de octubre, el tribunal presidido por Jaime Tapia intentará conocer todos los detalles sobre una trama que se destapó después de que la abogada urbanista Ainhoa Alberdi denunciase que le estaban solicitando 100.000 euros por la adjudicación de un proyecto en el parque tecnológico de Miñano. Los principales acusados todavía temen a los detalles que pueda ofrecer Alberdi.

Porque tirando de ese primer hilo se descubrió cómo la red que dirigía De Miguel desde su despacho de diputado foral de Administración Local -la cartera encargada de ‘mimar’ a los pueblos del territorio histórico, el principal caladero de votos para los nacionalistas- se extendía hasta el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y sobre todo al municipio de Zambrana.

Y es que en esta pequeña localidad alavesa se pretendía realizar una ‘macro recalificación’ de suelo rústico a industrial. Un auténtico pelotazo que se vio lastrado por los resultados electorales, primero a nivel municipal con la llegada del ecologista Aitor Abecia a la Alcaldía, quien rebajó las expectativas de los inversores captados por la ‘trama De Miguel’, y más tarde por la salida de Juan José Ibarretxe de Ajuria Enea, cuyo Ejecutivo había dado ‘luz verde’ a la operación sin tener en cuenta los informes contrarios de los expertos. La llegada del socialista Patxi López a la Lehendakaritza frenó en seco estos trámites que ya habían supuesto la firma de una veintena de contratos por valor de 300.000 euros.

En la fase previa, la defensa de la mayoría de los acusados secundó los argumentos del abogado de ‘Txitxo’ (como todos llaman al antiguo burukide) que pretendía que el juicio ni siquiera se iniciara porque -bajo su punto de vista- la Ertzaintza había realizado registros «indiscriminados» y había manipulado determinadas pruebas.

Los jueces no han admitido esas alegaciones y han postergado su decisión al respecto hasta la redacción de la sentencia. Entre sus objetivos se encontraba invalidar las grabaciones captadas por Ainhoa Alberdi donde se evidencian las prácticas de la trama. «De un sitio u otro tenemos que sacar lo que nos corresponde. Es así. Si no, lo tenemos jodido», dice en una de las pistas de audio Aitor Tellería, exconcejal de Vitoria y hombre de confianza de Alfredo de Miguel.

Para el fiscal, esta red actuaba al amparo de «todo» el poder político, del denominado ‘establishment’. Unas acusaciones que han disgustado al PNV, una formación que siempre ha intentado que no se le relacione con la corrupción e incluso ha llegado a presumir de no tener tacha alguna.