La jueza descarta que los jefes de la perrera vieran abusos pero mantiene la investigación al presunto autor

La acusación, sin embargo, no da por «definitiva» la decisión de la jueza y recurrirá en los próximos días. Las dos opciones que se le presentan pasan por presentar un recurso de reforma ante la propia magistrada que firma el auto, con tres días de plazo, o de apelación ante la Audiencia Provincial, para lo que tendría un margen de tiempo algo más amplio (cinco días). Las denunciantes insisten en que existen «argumentos» suficientes para reconsiderar el sobreseimiento de las denuncias y se remiten a las diferentes declaraciones y pruebas documentales que se han presentado durante el proceso.

Los tres trabajadores municipales figuraban como investigados por una supuesta «omisión del deber» de impedir delitos. Uno, además, fue denunciado por la asociación por presuntas «coacciones» a las víctimas. Se les acusaba de «conocer los abusos sexuales y el trato vejatorio y discriminatorio presuntamente cometidos y que no hicieran nada para evitarlo». También de «presenciar» los supuestos delitos, o de «restar importancia» a los presuntos abusos sexuales y el acoso a las voluntarias, cuestiones que ahora han quedado archivadas.

Tal y como recoge el auto de 32 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, «no existen elementos de juicio que permitan considerar que los investigados conocieran los hechos presuntamente constitutivos de delitos» de acoso o abuso sexual antes de hablar sobre ello con la letrada de la acusación, María Eugenia Suárez-Alba. En cuanto a las presuntas coacciones, la magistrada señala que «no existen indicios bastantes que permitan considerar su existencia».

El caso de la perrera, sin embargo, mantiene abiertas otras dos líneas de investigación, al margen del recurso que presentará la acusación. Por un lado, la de esclarecer el presunto abuso o acoso contra las voluntarias por parte del antiguo empleado público y, por otro, la denuncia por presunta «prevaricación» al concejal de Recursos Humanos y Función Pública, Iñaki Gurtubai (PNV).

En este sentido, Apasos mantiene que la cúpula de la perrera municipal conoció «en septiembre de 2019» el caso y que el Ayuntamiento no hizo nada hasta meses después, cuando EL CORREO lo hizo público. El Consistorio, por su lado, asegura que «en tres días» el trabajador acusado ya no se encontraba en el centro y que «en un mes» tampoco formaba parte de la plantilla municipal.