La jueza argentina Servini pide testimonios a siete víctimas y familiares del Tres de Marzo

Mediante esta disposición de María Servini, emitida el 6 de marzo, se trasladan exhortos internacionales a los juzgados de instrucción de Burgos y Vitoria en los que solicita recibir la declaración de esas siete personas en relación a aquellos hechos. La petición de testificales se suma a los exhortos que ya realizó en mayo la jueza reclamando diferentes pruebas y testimonios vinculados a la causa. Con estos siete nuevos testimonios, que el Ayuntamiento había propuesto a instancias de la Asociación 3 de Marzo, se completa la relación de pruebas que ha venido solicitando la justicia argentina. Paralelamente, se han notificado tres cambios de domicilio para facilitar la toma de declaración.

La iniciativa de la titular del juzgado de Buenos Aires respalda la línea adoptada por las instituciones alavesas, que persiguen «arrojar luz sobre unos hechos con categoría de crímenes contra la humanidad», en palabras del alcalde, Gorka Urtaran. «La vía judicial es fundamental para depurar y esclarecer quiénes fueron los responsables de lo sucedido el 3 de marzo de hace 42 años. De ahí que, en coordinación con la propia asociación de víctimas, hayamos emprendido diversas iniciativas en esta legislatura y por ello es tan importante la labor que la jueza Servini está llevando a cabo mediante esta investigación».

Esta petición de testimonios no es el primer paso de la jueza que investiga los crímenes cometidos en Vitoria. En mayo solicitó al Gobierno de España diversa información sobre aquella matanza. En concreto, pidió el listado de los agentes que se encontraban de servicio y un informe de las armas utilizadas, así como los agentes y mandos que estaban de servicio y/o intervinieron en los hechos o las personas que entraron y salieron de la sede del Gobierno civil aquel día.

Paralelamente, en julio, el Parlamento Europeo envió al Ministerio de Justicia de la recién nombrada entonces Dolores Delgado una carta para recordarle que «hay heridas abiertas que se pueden restañar», en referencia expresa al asesinato de cinco trabajadores en el desalojo de la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga.

La Eurocámara, que acababa de escuchar a las familias de los muertos, se comprometió a dar ese toque de atención al Estado y a preguntar a la Comisión Europea qué vías existen, sin interferir en la administración de Justicia española, para cotejar si el país cumple con el acuerdo marco europeo en reparación a las víctimas de la dictadura, lo que permitiría analizar su nivel de compromiso.