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Glovo engañó a su flota de repartidores en Álava. Así lo acaba de dictaminar el Juzgado de lo Social número 1 de la capital alavesa. Esta sala ha estimado «íntegramente» la demanda presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social para que declare «la ... existencia de relaciones laborales» entre esta plataforma digital de reparto a domicilio y sus 309 mensajeros. Estos cumplimentaron sus cuotas mensuales como autónomos cuando, en realidad, serían trabajadores a cuenta ajena.
El fallo, al que ha tenido acceso en exclusiva EL CORREO, se refiere al periodo comprendido «entre abril de 2018 y marzo de 2020». Es decir, la trampa administrativa abarcaría un máximo de 23 mensualidades de hasta 270 euros ya abonadas por estos ciclistas y motoristas y que, en teoría, les serán reintegradas tras cumplimentar una reclamación. El monto total «superaría el millón de euros», según deslizan fuentes conocedoras de este pleito. La firma se expone también a una multa de la Seguridad Social. El desenlace aún se demorará unos meses ya que contra esta sentencia cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
El dictamen de Social 1 lo firma Raúl Aztiria, conocido por ser uno de los tres magistrados del 'caso De Miguel', la trama de corrupción del PNV alavés. Su resolución implica un varapalo más para la compañía con sede en Cataluña. Ya van más de una docena de fallos en diferentes provincias españolas después de que el Tribunal Supremo dictara en septiembre del año pasado que sí existe relación laboral y no una «intermediación» entre los comercios y los repartidores, como defiende la empresa.
Celebrado el pasado 30 de noviembre en el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz, en el juicio colectivo se desvelaron además las draconianas condiciones soportadas por estos 309 trabajadores. Cada semana deben inscribirse en un listado de días disponibles. Los mejor valorados en la app de Glovo tienen preferencia sobre el resto. Esa lista se construye en base a parámetros como su operatividad en las horas de mayor demanda, el número de pedidos completados o la nota de los usuarios de este servicio que experimentó un notable auge con la pandemia.
El día de la vista oral se contó que estas personas cobran 2,5 euros por cada entrega. Dos meses después, el clima interno se ha enrarecido. «Están pagando basura», comenta uno de los afectados por esta sentencia. De hecho, hace unos días tuvo lugar una huelga con desigual seguimiento. «El primer día fue masivo. El segundo, la mayoría volvió a la bicicleta porque hacen falta esos ingresos».
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