'Caso De Miguel'

Un juez instructor y dos fiscales que aguantaron la presión

El alavés Roberto Ramos dirigía el Juzgado de Instrucción número 4 cuando le llegó la denuncia de la abogada Ainhoa Alberdi, a la que la trama de De Miguel exigió comisiones ilegales. Durante casi un lustro lideró, en perfecta sintonía con el entonces fiscal jefe Josu Izaguirre, la investigación de la red corrupta más importante destapada en Euskadi. Quienes compartieron despacho con él a lo largo de las complejas pesquisas resaltan «su alta profesionalidad, claridad de ideas y valentía para meterse donde nadie lo había hecho antes».

Este vitoriano del 71 destaca por ser un trabajador infatigable y perfeccionista. Se le considera uno de los juristas más capacitados del Palacio de Justicia vitoriano. Rara vez sus sentencias son revocadas por las instancias superiores. «Es impecable técnicamente. Eso te obliga a llevar la causa muy bien preparada, y con pruebas, lo mejor es llegar a un acuerdo previo porque sabes que no vas a salirte con la tuya», reconoce un abogado habitual de su juzgado. Ahora oficia en Penal número 2.

Casado, padre de un niño y licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto se suele dejar ver por Mendizorroza y, a causa de la influencia de su hijo, por el Buesa Arena. Destaca fuera de las salas por su espíritu deportista. El atletismo y el triatlón es lo suyo. Y, en especial, las carreras de media y larga distancia, aunque un par de lesiones le han obligado a rebajar su ritmo en los últimos tiempos.

Su trayectoria profesional arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Miranda de Ebro, donde fue juez decano. En 2005 fue promovido a la categoría de magistrado, que desempeñó en el Juzgado Penal número 4 de Bilbao. Cuando regresó a su tierra lo hizo al frente del Juzgado de Instrucción número 4. Durante sus «guardias», aparte del caso De Miguel, ha lidiado con casos de asesinato, drogas o violencia. Al poco de acabar la instrucción de la presunta trama de corrupción del PNV alavés solicitó su traslado al Juzgado de lo Penal número 2, donde continúa.

Éste es el caso de su vida. Pese a investigar «sin los medios necesarios», como solía repetir durante la época de instrucción, Josu Izaguirre, guipuzcoano del 64 y fiscal jefe de Álava hasta hace un año, es otro de los nombres propios del 'caso De Miguel'.

La lucha contra la corrupción ha presidido su carrera profesional. Ya a principios de los años 2000 se atrevió a rebuscar trapos sucios del PP en Lugo, bastión popular durante décadas y uno de sus primeros destinos. Aquello acabó en cero condenas, pero ayudó a labrar su etiqueta de inquebrantable. Marchamo que mantiene todavía y que, probablemente, haya frenado la progresión en su carrera. Hace un año perdió su cargo de fiscal jefe y quedó fuera de las carreras por ser el máximo responsable del Ministerio Público en el País Vasco y en Bizkaia, puestos a los que presentó su candidatura.

Desde entonces se ha prodigado en las salas de vistas del Palacio de Justicia de Vitoria. Riguroso en su labor, se relaja en el tú a tú, donde exhibe ingenio e ironía. En la plaza alavesa se le teme y respeta. «Dudo que te lo reconozca ante un micrófono, pero ha recibido 'presiones' por este caso. Al igual que el juez Ramos (responsable de la instrucción)», confiesan desde su entorno.

Aparte de la trama corrupta liderada por el exnúmero 2 del PNV alavés, Izaguirre llevó el caso de la adolescente vitoriana acosada durante meses por el clan de 'Los Bartolos' por atreverse a denunciarles cuando le robaron el móvil. Logró dos condenas largas y dejó una frase para el recuerdo: «Si le fallamos, Vitoria será el Salvaje Oeste». También acusó en el caso de una fábrica de tabaco ilegal que fabricaba miles de cajetillas al día en un polígono industrial alavés. Además de penas de cárcel, los responsables de aquel entramado deberán abonar multas millonarias.

Durante el juicio en la Audiencia Provincial de Álava, gran parte de sus intervenciones –algunos de sus rifirrafes dialécticos con Gonzalo Susaeta, entonces letrado de De Miguel, alcanzaron temperaturas incandescentes– se centraron en demostrar que el principal encausado hacía y deshacía a su antojo en la Diputación de Álava, que repartía y gestionaba favores desde su e-mail profesional. Izaguirre las tachó de «prácticas mafiosas» y dejó otra frase para el recuerdo en su alegato final: «De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos no tienes contrato».

Es el nuevo fiscal de menores de Álava. Pero en el 'caso De Miguel' comandó la acusación junto a Izaguirre. En aquellas vistas orales interminables demostró su buen hacer, su brillante oratoria y una meticulosa preparación de cada intervención. «Es muy bueno interrogando», alaban sus compañeros.

Manu Pedreira (Vitoria, 1971) ha desarrollado toda su carrera en el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz. En 2001, cuando debutó, pocos elegían Euskadi por la amenaza etarra. Desde entonces, su talante dialogante pero firme se ha dejado notar en esta plaza de Primera.

Tiene en su currículo el honor de haber obtenido la segunda prisión permanente revisable decretada en Álava. El 23 de mayo, la Audiencia Provincial de Álava validó su petición y decretó la máxima condena del Código Penal para Ismael, un joven vitoriano que asesinó cruelmente a un amigo en una fábrica abandonada del polígono industrial de Gamarra.

Pedreira es también el fiscal delegado de Tráfico, desde donde aboga por reducir a tasa cero el alcohol al volante, y dirige los asuntos internacionales que pasan por el Palacio de Justicia. En este terreno, su intervención resultó decisiva en el caso de Sophia Lösche, la joven alemana cuyo cuerpo apareció semicalcinado cerca de la localidad alavesa de Egino. Su verdugo, un camionero marroquí, fue condenado en el país germano a una especie de cadena perpetua.