Un juez exime a la contrata de marquesinas de Vitoria de pagar un millón de euros al Ayuntamiento

La sentencia, que no ha sido recurrida por la Administración local, supone el último capítulo de una enrevesada contienda que arrancó a finales de 2008. Fue entonces cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el contrato que unía a la empresa (en aquel momento se llamaba Cemusa) y el Ayuntamiento, por considerar que el contrato debía llevárselo su competidora (Elmusa). Sin embargo, tras la renuncia de ésta, el Consistorio llegó a una especie de acuerdo con Cemusa para evitar pagarle una compensación de casi 7 millones de euros por la inversión realizada durante los más de cuatro años que acumulaba de servicio. A cambio, permitiría a la compañía obtener los ingresos derivados de la publicidad.

La discrepancia surgió cuando el gobierno local consideró que debía percibir el canon por gestionar el espacio publicitario, mientras que la empresa se negaba. El juez, en este sentido, subraya en su fallo que las labores que llevó a cabo Cemusa entre 2008 y 2020 «no se realizaron en el marco del anterior contrato, pues ya estaba extinguido», y que la firma se encargaba del mantenimiento del mobiliario urbano «a requerimiento del propio Ayuntamiento».

La sentencia despertó las críticas de la oposición al equipo de gobierno (PNV-PSE). La concejala de Rocío Vitero (EH Bildu) lamentó que la «pérdida» de más de 1 millón de euros supone un «daño a las arcas municipales» y calificó la situación de «surrealista». Por su lado, el concejal de Hacienda, Iñaki Gurtubai (PNV), reconoció que en el vínculo «no había cláusulas claras» que permitieran al Ayuntamiento facturar el canon a la empresa. «Me encantaría recibir un millón más. Pero los tribunales han dado la razón a Cemusa», lamentó el edil nacionalista.

El vínculo para la gestión de las marquesinas finalizó en 2020, cuando el Ayuntamiento volvió a lanzar el contrato por otros 13 años. El servicio volvió a ser adjudicado a JC Decaux, que adquirió la antigua Cemusa, en un ajustado concurso. El nuevo acuerdo permanecerá en vigor hasta 2033.