El jefe de Montes de la Diputación de Álava será juzgado por evitar multas a furtivos

Los hechos que han motivado la actuación judicial ocurrieron hace dos años. Unos cazadores autorizados estaban en un coto y, tras un disparo, observaron a dos personas que carecían de permiso. Al parecer, eran guardas rurales arrastrando un corzo muerto al que después decapitaron, según apunta el auto. Los testigos presentaron una denuncia ante el Departamento de Agricultura, de quien depende Montes, y el técnico forestal que acudió al aviso tramitó la apertura de un expediente. Ninguna de las dos denuncias llegó a prosperar.

El auto al que ha tenido acceso este periódico sostiene que el jefe de Montes «de manera consciente y deliberada realizó un informe (...) faltando a la verdad de lo realmente acontecido, omitiendo datos esenciales para la resolución del mismo con la única finalidad de que el expediente se resolviera con la no incoación, como finalmente ocurrió». En el expediente de este funcionario –siempre según el escrito de la magistrada instructora– eludió el hallazgo del cuerpo del cérvido sin cabeza, la denuncia de los dos particulares y «la existencia de expedientes» en los que se identificaba «a los guardas rurales denunciados por la muerte del corzo y en los que se detallaba lo que les vieron hacer a cada uno de ellos», desde cómo decapitaron al animal y escondieron el cuerpo hasta cómo se introdujo en «uno de los vehículos usados en su trabajo», detalla.

«El encausado (el jefe foral de Montes), también de manera consciente y deliberada, y con la única finalidad de alterar la verdad de lo verdaderamente acontecido y obtener esa resolución de no incoación del expediente, basó su informe en la existencia de un vídeo remitido por los cazadores denunciantes, que ni ellos aportaron inicialmente con su denuncia, y que fue enviado a la Diputación de Álava por la Sección de Caza y Pesca», ahonda.

«El encausado basó su informe únicamente en este vídeo, omitiendo deliberadamente la aportación de los otros dos expedientes mencionados, ni la práctica de diligencias que pudieran haber dado lugar a la incoación del expediente», remata el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 1.Portavoces autorizados de la Diputación de Álava, por su parte, se limitaron a mostrar su «respeto al proceso judicial».