Pedófilos en Euskadi

El jubilado de Vitoria que guardaba 1.600 archivos de pornografía infantil en su ordenador

Aquella alarma roja sonó en la primavera de 2020, en pleno confinamiento por el coronavirus. Durante los siguientes meses, los investigadores policiales monitorizaron la actividad de ese dispositivo ubicado en la capital alavesa y correspondiente a «un jubilado». En noviembre del mismo año, ya con los indicios suficientes de que manejaba muchas más imágenes y vídeos comprometedores, la Policía Nacional se presentó en el domicilio del sospechoso.

La pieza incautada más valiosa del registro fue un disco duro externo. Durante su posterior análisis, una carpeta llamó la atención de los investigadores. Bajo el nombre de 'zoo' sacaron a la luz un total de «1.613 archivos de vídeo de contenido pedófilo (...) que reflejaban prácticas sexuales violentas» e incluso «de menores con animales».

A partir de ahí el caso se judicializó hasta el punto de que este pensionista acabó procesado por «un delito de distribución de pornografía infantil» y otro de «posesión de pornografía infantil». En un principio, el Ministerio Público exigió de salida una pena de 6 años y 3 meses de prisión, pero también una década de «inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores de edad».

En la mañana de ayer, miércoles, llegó el momento en que el encausado acudió a rendir cuentas al Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz. Lo hizo convocado por la Audiencia Provincial de Álava, la sala encargada de decidir sobre los asuntos penales más graves. Como suele ser habitual en estas citas, antes de que la terna conformada por los magistrados Jesús Poncela, Francisco García Romo y Ana Zulueta diera por comenzada la vista oral se produjo un último intento de acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. Y lo hubo.

Apenas un par de minutos antes del arranque oficial del juicio, el fiscal Josu Izaguirre y el letrado Ion Palacios acordaron que el procesado acatara su responsabilidad por «un delito de posesión» a cambio de una sustancial rebaja de las consecuencias penales. Se eliminó el cargo de «distribución de pornografía infantil» por el déficit de evidencias claras.

De esta forma, este jubilado fue condenado a dos años de prisión, que eludirá por su falta de antecedentes penales. No podrá delinquir en ese tiempo. Tampoco tener «profesión, oficio u actividad retribuida o no» relacionada con menores de edad durante los próximos diez años. Y hasta el año 2030 permanecerá en situación de «libertad vigilada», un estatus que constriñe al máximo los movimientos y actividades.

Cuando el juez Jesús Poncela le preguntó si reconocía los hechos y aceptaba la pena acordada para la ocasión, este vecino de Vitoria respondió con un cohibido «sí señoría». La Policía Nacional someterá todos los archivos incautados a este hombre a un «borrado seguro» para que jamás vuelvan a internet.