Delitos en Euskadi

Un joven de Vitoria lleva 3 años de espera para cobrar 21.000 euros porque le arrancaron la oreja

Su abogado, Óscar de la Fuente, ha iniciado los trámites legales para reclamar el embargo de los bienes del agresor, que en próximas fechas debería ingresar en la prisión alavesa de Zaballa. Se trata de una medida extrema a la que los letrados alaveses recurren cada vez más. «Pedimos al Servicio Común de Ejecución Penal que descubra sus bienes como viviendas, vehículos, salarios y cuentas corrientes para conocer su situación y, si hiciera falta, que le incauten lo necesario para hacer frente a la deuda que tiene contraída por sentencia».

Para estos trámites, la Justicia acude a la Hacienda foral, entidades bancarias, Seguridad Social y hasta Lanbide, por si percibiera alguna ayuda social. Todas estas instituciones colaboran habitualmente y suelen mandar en corto plazo cualquier información en su poder. A partir de ahí, las medidas legales pueden incluir desde el decomiso de coches, pisos y otros bienes hasta la intervención temporal de cuentas corrientes o salarios mensuales. Funcionarios judiciales han irrumpido en oficinas de la ciudad para llevarse ordenadores e impresoras. Eso sí, todo el material confiscado debe figurar a nombre del moroso.

No hay abogado ejerciente en Álava que no haya acudido a esta vía de presión, cada vez más recurrida en la provincia por los incumplimientos de una parte de los condenados. «No pagan ni al cliente ni nuestras costas y te obligan a acudir al embargo. Hay auténticos profesionales en esta materia», desgrana el letrado Javier Ruiz de Arbulo.

«Si no pagas voluntariamente, a la larga te va a salir más caro», radiografía Patricia Garrido, de Garrido Abogados. No en vano, la administración siempre aplica «intereses» a las cantidades a devolver. A más tiempo transcurrido, mayor es el dinero a reintegrar. «En nuestro sector no nos olvidamos de los deudores. He llegado a presentar escritos semanales durante meses en el juzgado», recuerda.

En su despacho han dirigido asuntos que se han demorado hasta «siete años» para cobrar. «Hay un desahucio de 2017 en el que el cliente acaba de recibir ahora el dinero adeudado».

Pero el récord quizá corresponda a un expediente mantenido vivo desde 2012 por el letrado Pepe Ojea y resuelto hace escasas fechas. «Llevábamos doce años detrás de una persona que no tenía nada a su nombre, pero resulta que acaba de heredar y por ahí le hemos pillado».

Porque, mordeduras aparte, los impagos en cuestiones judiciales engloban toda clase de litigios; averías caseras, productos defectuosos, compras no abonadas, responsabilidades civiles, despidos improcedentes, divorcios mal avenidos...

Turno para la abogada especializada en derecho civil Blanca Garrido. «Un cliente adquirió un vehículo de segunda mano defectuoso. No había manera de dar con los responsables del taller de compraventa, llegó a ir una comisión judicial y siempre se lo encontraba cerrado. Al final, por persistencia, se logró dar con el responsable y saldar el problema».

En la circunscripción penal suele ser muy habitual que el sentenciado reclame el pago fraccionado de su responsabilidad civil (el dinero que se entrega a la víctima). Eneko -nombre ficticio- denunció a su empleada del hogar hace ahora siete años por birlarle varias joyas. A cambio de evitar la cárcel, ella se comprometió a pagar a su familia «50 euros mensuales» a lo largo de las siguientes dos décadas. «Llevamos más de ochenta meses transcurridos y se le ha 'olvidado' pagar más de la mitad», lamenta.

Antonio González Sastre capitaneó la acusación particular en el proceso contra un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Le condenaron a una década entre rejas –a día de hoy está en el centro penitenciario de Zaballa– y al abono de 20.000 euros en concepto de compensación. Como muestra de buena voluntad, abonó 12.000 euros antes de la vista oral.

Tras el fallo se comprometió a desembolsar «100 euros al mes» a la adolescente. «Ahora nos hemos enterado de que le han dado 50.000 euros de una indemnización por un accidente que tuvo. No ha entregado ni un céntimo a mi clienta. Y no se le puede reclamar nada porque las condiciones económicas ya se establecieron en la sentencia».

Lo que desconocen estos insolventes profesionales es que sus expedientes se mantienen abiertos. «Un joven que rompió la mandíbula a mi cliente huyó a su país. Ahora quiere volver y claro, hasta que no pague no podrá», sella Blanca Garrido.