Iruña-Veleia, broma, amenazas y fraude

A finales de la pasada década y principios de esta, me ocupé para este diario del 'caso Veleia'. Por ello, el fallo judicial no me ha sorprendido. Avala los informes de la comisión científica que en 2007 constituyó la Diputación de Álava, propietaria del yacimiento, con 26 catedráticos y profesores de la UPV y de universidades de fuera del País Vasco. Algunos de ellos han sufrido amenazas, cuya autoría la Policía no ha podido descifrar porque se enviaron a través de un servidor informático de Estados Unidos.

Idénticas coacciones han padecido internautas muy activos a la hora de desentrañar la patraña. Es el caso de Sotero, seudónimo del administrador del blog 'Iesus Ioshe Marian', por alertar de que un gráfico incluido en los informes de Gil y Cerdán para argumentar la autenticidad era la copia de un manual de un programa informático de una empresa alemana. Sotero se vio forzado a cerrar su página, tras las amenazas que sufrió y que alcanzaban a su familia.

También fueron acosados y vilipendiados tres arqueólogos profesionales –Carlos Crespo, Miguel Ángel Berjón y José Ángel Apellániz– que trabajaron para Eliseo Gil. ¿Su delito? Informar de que nunca vieron salir de la tierra materiales con los primeros dibujos de temática cristiana o palabras en euskera datadas entre los siglos IV y VI.

El fallo judicial no recoge estas cuestiones porque no eran objeto de una querella que tenía que limitarse a los delitos de estafa y contra el patrimonio para llegar a buen puerto. Sin embargo, el amedrentamiento que sufrieron estas personas es verdad. Como también lo es el perjuicio económico que el 'affaire Veleia' ha causado a las arcas públicas. En 2001, Euskotren firmó un convenio a diez años con la empresa de Eliseo Gil para financiar con 3,7 millones la excavación del poblado.

Esta subvención fue censurada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas por haberse concedido a dedo, esto es, sin respetar los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Cuando estalló el escándalo, la empresa de transportes dependiente del Gobierno vasco intentó recuperar el dinero. Los jueces contestaron que no había lugar; vinieron a decir que excavar se había excavado, con independencia de que no se hubiera encontrado algo realmente extraordinario.

A estos tres millones hay que añadir ayudas concedidas por otras instituciones cuando Eliseo Gil se encontraba en la cresta de la ola por sus 'descubrimientos'. Es el caso de los 218.433 euros del Departamento vasco de Cultura, también de los 300.000 del Ministerio de Cultura para estudiar la muralla del asentamiento milenario o los casi 40.000 del Ayuntamiento de Iruña de Oca.

Por si fuera poco, el arqueólogo tuvo el descaro de facturar a la Diputación 12.490 euros por los falsos informes que firmaba Rubén Cerdán para certificar la antigüedad de las inscripciones. Este es el único dinero que la sentencia les obliga a reintegrar porque es la cantidad objetivamente estafada. Pero el quebranto al erario público es inmensamente mayor si se añaden los miles de euros gastados en informes para probar la falsedad y las miles de horas invertidas por decenas de funcionarios de diferentes administraciones para resolver el caso. Del perjuicio cultural causado al yacimiento, mejor no hablar.

La sentencia que ha esclarecido la verdad no habría sido posible sin el empuje de dos mujeres que actuaron con valentía. Pese a que el entorno de Eliseo Gil consiguió orquestar en medios muy abertzales constantes campañas de apoyo a su favor, la diputada foral de Cultura en aquel momento, Lorena López de Lacalle, y la entonces secretaria de la Diputación, Isabel Arceredillo, no se dejaron amedrentar por la presión. Después de intentar sin éxito que el popular arqueólogo diera marcha atrás y así poder revestir el engaño de equivocación, resolvieron dar voz a los tribunales. Once años después, la Justicia ha hablado.