23 detenidos por la estafa de más de un millón de euros en ayudas sociales en Euskadi

De esta forma, mediante certificados de empadronamiento irregulares y con nombres ficticios accedían al cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). La primera oscila entre 700 y 1.000 euros al mes, en función de los miembros que tenga la unidad familiar, y la segunda es una ayuda para el alquiler que suma otros 275 euros. Por cada persona ficticia dada de alta ingresaban una media de 875 euros mensuales, lo que suma un desfalco de 1.091.416 euros, según informa la Delegación del Gobierno.

El grupo tenía repartidas sus tareas. Mientras unos «se presentaban físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes falsificados para dar de alta a la persona inventada haciéndose pasar por ella», otros «alquilaban viviendas y las empadronaban allí», señala la nota de prensa oficial.

El engaño se fue perpetrando a lo largo de los meses, por lo que la cantidad defraudada asciende al millón de euros. La Policía Nacional considera desarticulada la red que está detrás de esta estafa millonaria, de las más importantes detectadas en los últimos años en Euskadi.

El cerebro del grupo fue arrestado por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía en el País Vasco el pasado mes de marzo, acusado de los delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental. Los agentes supieron entonces que el individuo cobraba ayudas de manera irregular utilizando pasaportes falsos y sirviéndose del resto de detenidos, pero aún no conocían las verdaderas dimensiones del desfalco. La investigación continuó abierta bajo la dirección del juzgado de instrucción número 10 de Bilbao y los policías fueron desentrañando el modus operandi de este individuo y su red de contactos. Según estas mismas fuentes, entre otros detalles que evidenciaban el elevado nivel de vida del líder del entramado, éste había viajado a su país hasta en una treintena de ocasiones mientras defraudaba a Lanbide.

La operación de la Policía Nacional se ha desarrollado en varias fases. La primera arrancó a principios de este año con la detención de un ciudadano camerunés. La segunda y principal se produjo a finales de marzo, con el arresto del principal acusado y otras nueve personas. Entonces, los policías realizaron dos registros y decomisaron 22 pasaportes, 16 libretas bancarias, 17 tarjetas de crédito, 9 móviles, un disco duro y diversa documentación relacionada con Lanbide. La última parte del operativo culminó el pasado 2 de junio con otras 13 detenciones de inmigrantes originarios de Latinoamerica, el Sahel y el Magreb. Tras prestar declaración en la comisaría de Gordóniz, quedaron en libertad con cargos.

Para poder acceder a una de estas ayudas sociales, uno de los pilares de la sociedad vasca y ejemplo de su solidaridad, es necesario haber cumplido 23 años y llevar un mínimo de tres empadronado en un municipio vasco, por lo que utilizaban empadronamientos falsos que acreditaban una estancia en el país superior a este límite. Para completar la solicitud, se debe presentar un documento de identidad o un pasaporte y el certificado de empadronamiento, que indica el supuesto lugar de residencia del demandante, además de otros papeles que demuestren la necesidad económica de la persona o personas y su falta de propiedades.

Para evitar que Lanbide detectara alguna irregularidad, el líder del grupo aleccionaba al resto de integrantes para que presentaran solicitudes de ayuda en diferentes municipios de Bizkaia, como Durango, Santurtzi, Berriz, Iurreta, Basauri o Getxo. Además, también falsificaban informes médicos y certificados de realización de cursos de formación para justificar la no presencia física del solicitante en las oficinas de Lanbide.

La Policía Nacional se ha especializado en los últimos años en destapar estafas en ayudas sociales. En febrero de 2021, agentes de este cuerpo detuvieron a dos individuos en Bizkaia por los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil. Uno de ellos cobraba la RGI con la identidad de un compatriota mientras trabajaba como albañil en una empresa de Arrigorriaga. Se calcula que desde 2010 habían podido defraudar a las arcas públicas 100.434 euros, según informaron entonces desde la Jefatura Superior de Policía en el País Vasco.

El primer arresto, de C.M.M., de nacionalidad senegalesa y vecino de Bilbao, se produjo el 13 de enero de 2021. Dos semanas después, el 28 de enero, fue detenido su cómplice, G.F., compatriota del primero y también residente en la capital vizcaína. C.M.M. estaba percibiendo el salario social vasco a la vez que trabajaba. Lo hacía con la identidad y documentación de un compatriota. Pese a tener permiso de residencia y trabajo, estaba dado de alta en la Seguridad Social con el permiso de G.F., lo que indicaba que en realidad estaban compinchados. Uno cobraba las ayudas y el otro aprovechaba para salir del país sin suspender plazos de autorización de residencia y trabajo, ni la cotización a la Administración.

En 2017 fueron detenidos en Gipuzkoa 186 individuos de origen paquistaní por una estafa de unos cuatro millones de euros a Lanbide.