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La denuncia del sindicato LAB al Centro de Interpretación de los humedales de Salburua Ataria por «desprotección de la salud y acoso por razón de sexo» a una trabajadora ha ocupado este miércoles parte de la comisión de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria. ... El proceso se encuentra a la espera de resolución judicial tras iniciarse el juicio a finales de noviembre y, según el sindicato, esta empleada tuvo que escuchar frases tales como «no quiero tener a una tía con los brazos cruzados encima de la barriga como se ponen las abuelas mientras te lo hacen todo porque estás embarazada».
Esta trabajadora de una empresa subcontratada había solicitado una evaluación de riesgos por embarazo que no se produjo hasta la semana 24 de gestación. Apenas unos días después «dejó de notar señales de vida del feto encontrándose en su puesto de trabajo» y sufrió «muerte fetal anteparto». Otros comentarios que tuvo que escuchar son, según LAB, «¿Qué pasa, que tu madre y tu abuela no han parido y no han trabajado o qué?» o «a lo mejor para cuando vuelvas de tu baja de maternidad, te despido y contrato a un chico». El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral Osalan admitió que el Ayuntamiento «no aplicó de forma correcta la vigilancia de la salud de su trabajadora» y Emakunde y el Ararteko también se han pronunciado sobre este caso. Este último califica los comentarios vertidos de «contrarios a la igualdad».
Miren Fernández de Landa, concejala de Igualdad, ha señalado que el procedimiento llegó al departamento desde Emakunde y se activaron los protocolos para el acoso laboral, sexual, sexista o por razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género municipales. «Se establece una primera fase de investigación en la que se llama a las partes implicadas y otras de interés para la investigación. Después se elabora un informe y se entrega a ambas partes», ha resumido antes de recordar que sus conclusiones finales señalan que «no se ven indicios de discriminación machista con intencionalidad y menoscabo tanto a la persona denunciante como a otras personas contratadas». Eso sí, insta a hacer algunas mejoras al CEA y a la empresa subcontratada.
Por su parte, la trabajadora asegura que, pese a que comunicó la situación al Ayuntamiento en julio de 2019, la investigación no se abrió hasta dos meses más tarde. Después, el proceso determinó que el coordinador municipal había dado «un trato adecuado» a las trabajadoras aunque admitió que la evaluación de riesgos sobre este presunto acoso «tardó más de lo habitual». La empleada pudo estar expuesta a «riesgos biológicos del grupo II» y, aunque la autopsia no ha podido determinar las causas de la muerte del feto, no se decarta que se debiera a «fiebre Q derivada de agentes biológicos».
EH Bildu ha reprochado al Gobierno municipal «guardar minutos contra la violencia machista y ponerse camisetas moradas» al tiempo que «no cree a las mujeres que denuncian situaciones de agresión y acoso» y trata de «minimizar y ocultar los hechos». «Los protocolos no sirven de nada si no dan respuesta cuando una situación así ocurre», ha reprochado la concejala Iratxe López de Aberasturi, quien se ha mostrado muy crítica con la referencia a «comentarios machistas sin intencionalidad» reflejada en la investigación municipal.
Fernández de Landa ha recordado que ya se contempla la revisión y modificación de estos protocolos para próximas fechas y ha afirmado entender «la situación por la que pasan estas personas». «Están en su legítimo derecho a acudir a la Justicia y el Ayuntamiento respondió aplicando el protocolo con rigor y responsabilidad», ha afirmado.
La oposición le ha recordado que este es el segundo caso de conflicto laboral relacionado con acoso sexual o cuestiones sexistas e instalaciones municipales en lo que va de año. La Fiscalía alavesa abrió una investigación en julio tras recibir sendas denuncias penales por un presunto caso de abusos sexuales y 'mobbing' en el Centro de Protección Animal de Vitoria. Siete voluntarias y un colaborador habrían sufrido ataques desde verano de 2018 por parte de un trabajador. «Dicen que pusieron el caso de los acosos en el CPA en manos de la Fiscalía rápidamente pero tardaron nueve meses», ha recriminado López de Aberasturi.
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