El Ayuntamiento de Vitoria acaba de recibir un nuevo toque de atención por parte del interventor general, Alfredo Barrio. El alto funcionario, encargado de velar por el correcto funcionamiento financiero del Consistorio, lanza una serie de advertencias en su informe anual de control interno, al ... que ha tenido acceso EL CORREO. Los principales reparos se encuentran en aspectos relacionados con la contratación de servicios, suministros y obras. Y, más en concreto, con el «excesivo» número de facturas y de contratos menores, que son aquellos que se adjudican o encargan de forma directa y sin garantizar la competencia entre diferentes empresas.
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El Ayuntamiento gastó el pasado año algo más de 5,5 millones de euros en este tipo de acuerdos. Se trata de trabajos que como norma general no superan los 15.000 euros, IVA excluido. El interventor subraya que el Consistorio incurre en un uso «reiterado» de esta fórmula, y la destaca como uno de los aspectos a corregir en el futuro. «Fruto de una falta de planificación previa, se evitan procedimientos abiertos de contratación que garantizarían un mayor fomento de los principios de concurrencia competitiva, igualdad y no discriminación», apunta Barrio.
El interventor incide precisamente en esa «insuficiente planificación en el seguimiento de los contratos vigentes y futuros», que deriva en el pago de diferentes servicios cuando el acuerdo está vencido. «Ha llegado la finalización del plazo de prestación del servicio, incluidas las prórrogas, y ha tenido que seguirse prestando fuera del contrato», censura.
Se trata, además, de una práctica cuya tendencia no se ha corregido. Los 5,5 millones de impacto que han tenido los contratos menores suponen algo más del 4% del volumen de contratación municipal, un cifra algo superior al del pasado año.
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Pero el interventor no sólo ve reparos en este tipo de vínculos, sino también en el «excesivo» uso de facturas de importe igual o inferior a 5.000 euros, sin IVA, y que funcionan a modo de anticipos «no sujetos a control del interventor», tal y como explica Barrio. Pese a que su cuantía no invita a pensar en un gran desembolso, lo cierto es que el Consistorio abonó algo más de 10,5 millones de euros en este concepto en 2022.
El interventor observa que «el porcentaje del gasto se ha disminuido en casi un punto», pero alerta que esta práctica puede suponer «la posible vulneración del fraccionamiento del objeto contractual, eludiendo procedimientos de contratación». Además, advierte de que ese fraccionamiento «no se ha corregido» en relación al año anterior. En cualquier caso, el alto funcionario confía en que los resultados mejoren a partir de este mismo año, ya que es cuando se aplica el nuevo plan de acción municipal.
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