Los impuestos y las obras en portales de Vitoria disparan un 41% las quejas recibidas por la Síndica

Vecinos indignados por un impuesto o una multa, que preguntan si alguien les puede obligar a participar en la reforma de un portal o que se quejan de la suciedad de las calles, el ruido o los olores. Son ejemplos de los casos que atiende la Síndica de Vitoria, Leire Zugazua. La figura creada hace dieciséis años para transmitir las reclamaciones ciudadanas y evitar abusos por parte del Ayuntamiento trabajó el año pasado en un total de 348 asuntos, gran parte de ellos impulsados por el malestar vecinal. Según la memoria de 2017, a la que ha tenido acceso EL CORREO, la oficina del Jardín Secreto del Agua, junto al parque de La Florida, cerró el año con 306 expedientes de quejas y consultas, lo que supone un incremento del 41%.

Zugazua presentará el viernes en un pleno extraordinario el balance de un año singular, teniendo en cuenta que la ciudad contó con dos defensores vecinales. La letrada llegó al cargo el 4 de diciembre en sustitución del también abogado Martin Gartziandia. Al cierre del ejercicio, la oficina registró un «significativo incremento» de los asuntos tratados. Por una parte, el número de expedientes de queja abiertos en 2017 alcanzó los 230, frente a los 163 del año anterior. Y por otra, las consultas también aumentaron, pasando de 53 a 76.

La presentación de una reclamación ante la Síndica supone el inicio de tramitación de un expediente para recabar la información necesaria del departamento al que afecte, ya sea a través de informes, reuniones, llamadas o correos electrónicos para analizar los hechos. En el caso de las quejas, el asunto estrella fue el varapalo judicial del Tribunal Constitucional del 1 de marzo, que provocó que cuando el contribuyente perdiera dinero con la venta de su vivienda, no estuviera obligado a pagar el impuesto de Plusvalía. Esto derivó «en un aluvión» de 42 reclamaciones planteadas por parte de personas que habían abonado el tributo a pesar de no haber ganado dinero con la operación, indica Zugazua. Es el caso de una pareja que vendió su piso por 205.000 euros cuando años antes había pagado por él 224.500. El Ayuntamiento les giró una factura de 6.752 euros en concepto de Plusvalía, pero al final el cobro fue anulado.

El amplio abanico de quejas trasladadas a la Sindicatura es amplio, lo que incluye desde las relacionadas con sanciones de la Policía Local -algo esperado teniendo en cuenta la 'huelga de celo' encubierta que tuvo lugar desde el 31 de octubre hasta el 27 de febrero de este año, aunque la Síndica no hace referencia a esta cuestión-, y otras cuestiones sobre limpieza, vados, veladores sin licencia, caídas en la vía pública o conflictos generados por ruidos.

En paralelo, el capítulo de las consultas ciudadanas también contó con un asunto recurrente. El 18% de ellas -14 de las 76- fueron realizadas por personas propietarias de locales afectados por obras de accesibilidad y bajada de ascensor a cota cero «o relativas a acuerdos necesarios y tramitación para llevar a cabo obras de esas características», explica Zugazua.

En este caso, el detonante de las consultas fue la sentencia del Tribunal Supremo que, desde noviembre de 2016, cambió las reglas del juego estos polémicos asuntos. En esencia, el fallo estableció que si el edificio ya contaba desde el inicio con un elevador y los estatutos de la comunidad eximían a los propietarios de los locales o sótanos del pago de los gastos de mantenimiento de este dispositivo porque ni siquiera hacían uso del mismo, no sólo estaban exentos de esos gastos corrientes, sino también de contribuir a la hipotética reforma para bajar el ascensor a cota cero.

Las lonjas juveniles, la orientación acerca de bonificaciones fiscales o retrasos en el cobro de ayudas sociales también fueron fruto de diversas preguntas.