La huelga de letrados bloquea seis millones de la cuenta de los juzgados en Álava

Solo los secretarios judiciales tienen acceso a ese dinero, que se dedica, entre otros asuntos, a indemnizaciones de accidentes de tráfico. Desde el 1 de febrero, además, han quedado en el aire decenas de pensiones alimenticias. En los casos de nóminas embargadas por impago de pensiones a progenitores, la empresa entrega ese dinero al juzgado, que lo deriva a la persona que se hace cargo de los menores. También afecta a las multas y a las responsabilidades civiles en el caso de indemnización por un robo.

«La situación es insostenible», lamenta Icíar Puente Erkiaga, que ejerció ayer de portavoz en la concentración que tuvo lugar frente al Palacio de Justicia de Bilbao -hoy tiene previsto hacerlo ante la sede judicial de Vitoria-. «Las consecuencias para la ciudadanía son catastróficas». «Pero los responsables no somos nosotros, es el Ministerio», señala. En este tiempo se han dejado de celebrar más de 1.800 juicios de lo civil, social o penal, además de miles de comparecencias, expedientes, actuaciones... Retomar la actividad judicial detenida «va a llevar meses», explica.

Las cifras permiten hacerse una idea del impacto de la huelga. Solo en Álava se han suspendido 491 juicios civiles, dieciséis bodas y 299 comparecencias mientras que «más de mil demandas» se han quedado empantanadas a la espera de ser revisadas por estos profesionales, los directores de las oficinas judiciales y responsables del día a día.

«Somos juristas, no golpistas», coreaban las decenas de personas congregadas en la escalinata, vestidas con togas, en alusión a las declaraciones del secretario de Justicia, Tontxu Rodríguez, que les acusó de emprender una «huelga política». Tras aquellas declaraciones iniciales, los letrados aprecian un cambio de tono por parte del Ministerio que lidera Pilar Llop y confían en que este jueves se consiga encontrar una salida al conflicto, aunque lamentan que el Gobierno haya tardado tres semanas en reaccionar.

Los trabajadores reclaman tener capacidad de negociación colectiva -no tienen representantes propios- y adecuación salarial. «A partir del 2009 asumimos tareas que correspondían a los jueces, y no hemos tenido una compensación acorde», explicó Puente. Estas demandas quedaron plasmadas en un acuerdo alcanzado entre ambas partes en abril de 2022, pero los letrados lamentan que todavía no se ha cumplido.

El secretario de Justicia afirmó esta semana que se han cumplido «diez de los once» puntos acordados. Sin embargo, los trabajadores lo desmienten. «Nadie en su sano juicio se pone en huelga indefinida si se ha cumplido casi todo lo acordado», censuró Puente. «Parece que el Ministerio está más preocupado con la ley del 'solo sí es sí' porque da votos; en cambio, no quieren afrontar este conflicto», critica.

El mayor impacto de la huelga tiene lugar en Álava, donde el seguimiento oscila entre el 75 y el 90%, según los convocantes. Le siguen Bizkaia (50-60%) y Gipuzkoa (30-35%). En España hay 4.300 Letrados de la Administración de Justicia, 210 de ellos en Euskadi, de los que 120 están destinados en Bizkaia, 60 en Gipuzkoa y 30 en Álava.