Dos policías locales de paisano colocan el carrito de la familia en un coche camuflado. Rafa Gutiérrez

Hallan en un desalojo en Vitoria a una familia que arrendó un piso social a un okupa sin saberlo

Sorpresa en el desahucio de la Policía Local ayer viernes en Zabalgana. «Hemos pagado 800 euros a un hombre por dos meses», alegan el matrimonio expulsado, en la calle con 2 bebés

Sábado, 18 de mayo 2024, 00:46

Barrio de Zabalgana. 10.30 horas de ayer viernes. La Policía Local de Vitoria se preparaba para el desalojo de un piso social propiedad de Alokabide. En teoría rutinario. Ante la sorpresa de los agentes y del resto de la comitiva –integrada por ... personal judicial y operarios encargados de colocar una puerta antintrusión– no les abrió el okupa que esperaban.

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De ese inquilino moroso no quedaba rastro. Les recibió un joven matrimonio de origen magrebí, con dos bebés a su cargo. Uno de apenas unas semanas de vida. La comitiva continuó con el procedimiento mientras informó de la situación a la comisaría de Aguirrelanda. Desde allí se desplazaron un par de patrullas –una de paisano– para dar cobertura a los expulsados.

Operarios transportan una puerta antiokupas para colocar en la vivienda recuperada. Rafa Gutiérrez

Tres horas después y tras una visita a los servicios sociales municipales, la familia deambulaba por el centro de la capital alavesa, ciudad a la que llegaron hace unos tres meses. «Al principio, una mujer nos alquiló un piso en negro, sin padrón ni contrato. Pasamos un par de meses y luego nos dijo que nos teníamos que ir», señalaron a este periódico en darija (un dialecto del árabe).

«Mi marido empezó a preguntar por la calle. Un señor nos ofreció una casa. También en b. Pagamos 800 euros por dos meses. Nos comentó que si le pagábamos un año por adelantado nos haría contrato. Nos negamos, carecemos de esa cantidad», prosiguieron. «Desconocíamos que era un engaño. Cuando ha tocado el timbre la Policía nos hemos sentido engañados».

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«Se les ha atendido»

De ser cierta su versión, esta familia sería la última víctima de alguna de las dos mafias que comercian con pisos okupados en Vitoria. En especial, con propiedades pertenecientes a Alokabide (dependiente del Gobierno vasco) y Ayuntamiento. También controlarían un número indeterminado de domicilios particulares. Oficialmente, ni la Policía Local ni la Ertzaintza tienen constancia de su existencia.

¿Y que le ha pasado a esta familia? A media tarde de ayer viernes, el Departamento municipal de Políticas Sociales informó a este medio de comunicación de que «se les ha atendido y orientado hacia la búsqueda de alojamientos en la ciudad y apoyos en su red social. No ha finalizado la intervención y se les apoyará».

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