El grupo dueño de Ysios se lleva la mayor ayuda a la destilación en La Rioja

A la espera de la resolución del Gobierno vasco, los viticultores riojanos ya conocen el resultado de las ayudas a la destilación al otro lado del Ebro. El Gobierno de Logroño publicó este lunes la resolución provisional de su convocatoria de ayudas para quemar vino. Al igual que el año pasado, el grupo francés Pernod Ricard ha sido el más agraciado de todos los solicitantes del programa de ayuda.

El gigante de las bebidas es dueño de firmas como Campo Viejo, AGE o la alavesa Ysios y ha obtenido del Ejecutivo de Gonzalo Capellán una subvención de 895.517 euros. El subsidio público le permitirá quemar más de un millón de litros de vino para convertirlos en productos industriales como desinfectantes, productos farmaceúticos o utilizarlos para obtener biocombustibles. Si se suman los 2,1 millones obtenidos el año pasado, la matriz de Ysios ha recibido tres millones para destilar caldos riojanos y alaveses del Gobierno de Logroño. En Euskadi, Pernod Ricard recibió menos de 20.000 euros para destilar vino.

El grupo propietario de la emblemática bodega alavesa, no obstante, se encuentra inmerso en un proceso de venta. Pernod Ricard quiere vender las bodegas de Rioja -y un amplio catálogo del resto del mundo- al consorcio australiano de inversores Wine Holdco Limited. Entre todos los solicitantes, el Ejecutivo riojano ha repartido un total de 15,89 millones de euros para financiar la destilación del equivalente a cinco piscinas olímpicas llenas de vino.

Sin noticias de las ayudas de Lakua, los fondos obtenidos por Pernod Ricard en La Rioja se contraponen a los de Viñedos de Páganos, que renunció a los subsidios pese a haberlos pedido. El Ejecutivo riojano ha otorgado 86 céntimos por cada litro de vino no embotellado, el máximo permitido por la UE.

Ese 'tope' comunitario ha obligado, igual que el año pasado, a rebajar las cuantías de las subvenciones del Gobierno vasco, que también fijará en esos 86 céntimos esa ayuda frente a los 92 inicialmente previstos. En julio ese cambio generó «malestar» en Lakua con el Ministerio. La exdiputada alavesa llegó a trasladar su descontento al equipo de Luis Planas porque en el Gabinete autonómico creen que «existen informes y publicaciones que atestiguan una diferencia de precios entre zonas».

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