Lakua tacha de «discriminatoria» la sentencia que tumba 'Viñedos de Álava'

La sala de lo Contencioso-administrativo no sólo pone fin al proyecto de crear una etiqueta alavesa, sino que pega un fuerte tirón de orejas al anterior Ejecutivo vasco, con Arantxa Tapia al frente del Departamento, por tramitar un expediente que incumple la legislación europea al ofrecer «el mismo vino bajo denominaciones distintas». Barredo, su sucesora, defendió que se había seguido «escrupulosamente» la Ley de ordenación vitivinícola que regula estas tramitaciones.

«La sentencia habla del incumplimiento del marco normativo. Es muy breve, muy contundente y muy clara, aunque entra en el fondo. Pero no hay un marco de jurisprudencia que haga referencia a este ámbito y, por lo tanto, tampoco hay experiencia en procesos de estas características», sostuvo.

Pese a esta contundente crítica, los letrados del Ejecutivo autonómico siguen estudiando la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Supremo. Algo que, en cualquier caso, consensuarán con ABRAy el consejo regulador provisional de 'Viñedos de Álava' que preside Emilio Aguillo, los otros demandados en este proceso. Todo apunta a que no se seguirá por esta vía. Primero porque si ya su tramitación en el Tribunal Superior se ha alargado dos años y medio, en el Supremo la espera sería similar e incluso mayor, lo que perjudica la estrategia comercial de las bodegas. La segunda razón es que Aguillo ya plantea la alternativa de una asociación de viticultores y productores –pone el ejemplo del colectivo de espumosos Corpinnat– para los asociados de ABRA que quieran salirse de Rioja, una fórmula que no necesitaría superar los filtros del Gobierno vasco o el Ministerio.

Tanto el Ejecutivo de Imanol Pradales como los impulsores de ABRA mantienen la necesidad de diferenciar los caldos de Rioja Alavesa frente al resto de la Denominación para tratar de poner de relieve su singularidad. «'Viñedos', de alguna manera, nace de una insatisfacción que tiene una parte del colectivo de bodegas por trabajar hacia una mayor diferenciación y que se permita su identificación en el etiquetado o en el embotellado. Es un reto que el Consejo Regulador todavía tiene que abordar a día de hoy», reclamó la consejera, a quien el PP de Javier de Andrés le ha pedido cuentas de lo que se ha gastado Lakua en este proceso fallido.

Al otro lado de la 'muga' tampoco había nada que celebrar. «El daño reputacional ya está hecho», criticó el director general del Consejo Regulador, José Luis Lapuente, pese a que el fallo de la terna de jueces presidida por Luis Ángel Garrido les dé la razón y previsiblemente ponga fin a un conflicto que se ha prolongado durante ocho años, desde que bodegas asociadas en ABRA emprendieron una aventura para dejar Rioja.

Lapuente, acompañado de la letrada Marian Nalda, lamentó la persistencia de ABRA y del propio Gobierno vasco en mantener viva una iniciativa que desde el primer momento, a juicio de la institución rectora del vino de Rioja, no tenía encaje en la normativa comunitaria. «Es un tema que personalmente me entristece porque hemos dedicado esfuerzos ingentes que podíamos haber empleado en otras prioridades», señaló. «Se ha hecho mucho ruido con esto y quien ha perdido es Rioja», añadió.

Nalda, por su parte, insistió en que «es la primera vez que el Consejo Regulador demanda a una asociación y a un gobierno autonómico que participan en la propia institución, por lo que no ha sido un asunto agradable». Eso sí, reconocieron que la relación de la institución con Amaia Barredo –con quien han hablado tras la publicación de la sentencia– es «más fluida» de la que previamente existía con Arantxa Tapia.

Pese a insistir en que «el daño ya está hecho», Lapuente descartó abrir un nuevo frente judicial para reclamar una reparación a ABRA o al Gobierno vasco. «Se puede reclamar todo, pero el Consejo mira hacia adelante. Es un poco kafkiano que ABRA, mientras impulsaba 'Viñedos de Álava' ha seguido participando en la institución, en todas las reuniones y recibiendo toda la información. Esto no va de quién paga la fiesta, aunque si creó que hay que dejar claro que existe un coste», criticó.