El Gobierno vasco quiere instalar 92 puntos de retirada de efectivo

La solución iba a llegar de la mano del Gobierno vasco, que anunció hace un año que tenían intención de garantizar la existencia de «servicios financieros» en 64 municipios «de zonas rurales», alguno de ellos, como Kuartango, en Álava. La licitación para adjudicar este despliegue estaba prevista para el pasado mes de marzo, pero el proyecto se paró.

La idea es retomar la iniciativa este mismo año, pero de otra manera. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca pondrá en marcha «en el primer semestre de 2025» una línea de ayudas para la implementación del programa de servicios bancarios en el medio rural, con el que pretenden «fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a dichos servicios». De momento están analizando «la forma de adjudicación», para la que, según anunció la consejera Amaia Barredo el pasado septiembre, disponen de una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros para los próximos cuatro años.

Además, cuentan con otros 343.422 euros, procedentes del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial del Ejecutivo central, habilitados el pasado noviembre. Entonces anunciaron que iban a financiar la instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de nuevos cajeros automáticos o «la sustitución» de los que «precisen de un cambio».

Cifran en 67 las intervenciones en este sentido. De forma paralela, también subvencionarán 25 servicios de 'cashback', sistema que permite utilizar la caja de un establecimiento comercial para retirar dinero como si se estuviera frente a un cajero automático.

Portavoces de Kutxabank, la entidad financiera con mayor presencia en Álava y que recientemente ha actualizado muchas terminales, aseguran que están presentes con oficinas y cajeros para «garantizar la inclusión financiera en la práctica totalidad del territorio», y hace unos años desplegaron un servicio alternativo, como es el caso de la oficina móvil. Este ofibús recorre dieciséis poblaciones semanalmente, una decena de ellas con menos de 200 habitantes. De hecho, llega hasta poblaciones o concejos de 59 habitantes, como es el caso de Bóveda, donde la prestación de servicios -tanto financieros de otras entidades, como comercios o bares- es prácticamente nula.