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La ampliación de los vertederos en activo y la reducción progresiva de desechos urbanos e industriales son asuntos que ya estaban recogidos en el Plan ... de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030 que Arantxa Tapia presentó el pasado mes de febrero en el Parlamento, pero la ruta que marcó ayer pilló al Ayuntamiento de Vitoria con el pie cambiado. Además de abrir la puerta a la expansión de Gardélegui, el mayor basurero de Euskadi con 85 hectáreas de terreno y uno de los más grandes de España, la consejera se fija el año 2024 para la «posibilidad» de tener lista en la instalación «una celda específica» para el depósito de fibrocemento, un material de construcción que contiene amianto y que está clasificado como residuo peligroso. La respuesta del Gabinete Urtaran, inmerso en la recta final de la legislatura, fue tan rápida como tajante. «Las previsiones del Ayuntamiento ya garantizan capacidad suficiente para los 8 o 10 próximos años. En su momento si fuera necesaria su ampliación se valoraría». «Este Gobierno municipal no va a solicitar el ingreso de residuos peligrosos», señalaron ayer sus portavoces.
Tras el colapso del vertedero de Zaldibar, el basurero de Vitoria -ubicado en una lengua de 2,5 kilómetros que se extiende entre el cerro de Medioste, la Cuesta de Uralde Alto, el arroyo Zapardiel y la A-2124 y la ladera de Zabalgana- comenzó a recibir miles de toneladas de restos procedentes de las fábricas alavesas, sobre todo del metal y la construcción, que antes iban al malogrado basurero vizcaíno. El pasado año entraron 164.664 toneladas de detritus, de los que 10.345 procedían de industrias (no peligrosos) y casi 51.000 de movimientos de tierras.
Son cifras que dificultan a Vitoria cumplir con el objetivo de reducir al 15% para 2030 la entrada de residuos en el vertedero pero que, al mismo tiempo, como señalan los portavoces del colectivo ecologista Gasteiz Zero Zabor, suponen una fuente de ingresos para la ciudad. «El presupuesto de este año prevé que sean 5 millones de euros», detalla Josu Aranbarri. Su grupo, muy crítico con la gestión de la recogida selectiva de residuos que hacen tanto el Ayuntamiento como la Diputación alavesa, es partidario de incrementar las tasas para forzar a las industrias a reducir residuos. Se pregunta, además, a qué se destinará el millón de euros que el proyecto de cuentas municipales de 2023 recién presentado por Urtaran destina a adecuación del vertedero si no es ni a presellado de vasos, ni a ampliación, ni a construir esa celda específica para fibrocemento.
El crecimiento del macrobasurero vitoriano es uno más de los proyectados por Lakua para tratar de que Euskadi tenga autosuficiencia de vertido hasta 2030, año en el que la puesta en marcha de nuevas plantas de valorización energética (incineradoras) y el impulso de nuevos proyectos de reciclaje -54 empresas trabajan en planes con inversiones valoradas en 400 millones de euros- deberían ser una realidad. Tras el cierre de los vertederos de Larrabetzu, Mutiloa y Zaldibar, Tapia cifró el déficit de depósito de residuos en Euskadi en unas 400.000 toneladas este año, de las que 100.000 se llevarán fuera de la comunidad autónoma. Para evitar esto se plantea ampliar, además de Gardélegui -aseguró estar trabajando en un «preacuerdo» con Vitoria-, los de Epele (Bergara), Igorre, Betearte en Mallabia y Bistibieta en Lemoa. Además, el Gabinete Urkullu permitirá la recuperación y la reapertura del de Artxanda en Bilbao.
La mayoría se clausurará conforme se reduzcan las basuras de manera que en 2031 quedarían sólo en funcionamiento los de Zalla y Vitoria, que entonces contarían aún con una gran capacidad anual (el de Gardélegui tiene un millón de toneladas).
Las Juntas Administrativas de Gardélegui, Lasarte, Castillo, Mendiola y Berrosteguieta y el barrio de Goikolarra (junto a Aretxabaleta), que han sumado fuerzas para reclamar a las instituciones medidas correctoras para reducir olores, polvo, tráfico de camiones y filtrado de lixiviados a ríos y terrenos, acogieron ayer con inquietud los planes del Gobierno vasco de ampliar el vertedero y alargar así su vida útil.
Medio Ambiente quiere que a las empresas les salga más caro verter que reciclar, y por eso se plantea añadir a las tasas municipales un canon de vertido. La consejera Arantxa Tapia anunció ayer que, a partir del 1 de enero, entrará en vigor el canon estatal de vertidos para materiales no peligrosos que será de 10 euros por tonelada, al que el Gobierno vasco propone sumar otros 10 desde 2025.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente anunció asimismo que reforzará el control de los vertederos y para ello reforzará el personal de inspección. Se harán visitas anuales tanto a basureros en activo como a los que estén ya cerrados.
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