El Gobierno vasco empezará a edificar en junio 155 VPO de alquiler en Salburua

El cambio de tendencia en la demanda de vivienda en Álava -nueve de cada diez inscritos en las listas de Etxebide buscan el arrendamiento- ha llevado al Ejecutivo de Lakua a intentar ampliar su parque de vivienda. Y los planes del departamento contemplan para dentro de un año la construcción de otros 166 pisos, avanzó ayer el viceconsejero Pedro Jauregui, en una entrevista en Radio Vitoria.

En la capital alavesa, reconoció, el Gobierno «tiene el mayor banco de suelo para construir VPO en Euskadi». Ahora Vitoria «se está resituando en cuanto a redensificar» los barrios de Salburua y Zabalgana «porque los planteamientos que había hasta ahora tienen ya muchos años y es necesario revisarlos». En este sentido, Jauregui señaló que el Ejecutivo vasco tiene «derechos adquiridos para construir más de 1.500 viviendas a corto y medio plazo y ahora estamos renegociando con el Ayuntamiento».

Con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), los convenios se están analizando «de común acuerdo para adaptarlos al nuevo planeamiento urbanístico, para hacer una ciudad más redensificada, sin distancias tan grandes entre las viviendas y los equipamientos y dotaciones públicas. Así también se disminuiría la gran factura que tiene Vitoria en cuanto a movilidad» de transporte público.

Además de la construcción de vivienda de alquiler, otra política «clave» para el Gobierno vasco pasa por la rehabilitación. «Se va a ver reforzada aprovechando los fondos Next Generation» incidiendo «en la eficiencia energética pero también en la accesibilidad». El viceconsejero de Vivienda aseguró que se va a duplicar el presupuesto «destinando 60 millones al año» -gracias a las ayudas que vienen de la Unión Europea-, una cifra que «no tiene parangón en la historia, incluso en los tiempos de bonanza».

Para el verano, por otra parte, entrará en vigor el canon que gravará los pisos vacíos, que penalizará a quienes tengan la vivienda desocupada y cerrada «sin causa justificada». Si se demuestra que lleva en esa situación desde hace más de dos años, «se aplicará una tasa -añadida a las habituales- de hasta 10 euros por metro cuadrado», dijo Pedro Jauregui. Con el decreto «se creará un registro de viviendas deshabitadas que ha de ponerlo en marcha cada ayuntamiento, sobre todo en las capitales que es donde está el problema. Porque en los pueblos no hay demanda». Esta norma no afectará a las segundas residencias.