El Gobierno vasco renuncia al gas alavés

La decisión, que se había convertido en un clamor por parte del resto de las formaciones políticas y de los colectivos ecologistas vascos, busca zanjar un debate que evidenció la soledad del PNV en la estrategia energética de apostar por el gas alavés como un recurso de «transición» hacia las renovables. A pesar de que apenas 24 horas antes el propio departamento que encabeza Arantxa Tapia (PNV) había anticipado que sus planes no cambiaban con la aprobación del borrador de la nueva ley en el Congreso de los Diputados, Lakua reconsideró su postura y dio por concluida la prospección de hidrocarburos en el término municipal de la capital alavesa.

El proyecto, que se encuentra judicializado después de que el Ayuntamiento de Vitoria rechazara darle licencia de actividad por considerarla «incompatible» con su norma urbanística, se encontraba en una especie de limbo con la aprobación del nuevo marco legislativo, aún pendiente de trámite en el Senado. Aunque el texto deja la puerta abierta a las exploraciones que cuenten con autorización ministerial –como es el caso de Subijana–, nunca podría llegar a extraer ni comercializar el gas. Para ello necesitaría un nuevo permiso que no está previsto en la ley.

Tomada la decisión política, el Ente Vasco de la Energía (EVE) debe estudiar la manera de suspender el proyecto sin que esta decisión suponga una pérdida de los derechos patrimoniales que corresponden a la sociedad pública de Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), dependiente del EVE, y que está enrolada en este proyecto con firmas privadas a las que debe cuentas. El departamento de Tapia, en este sentido, recordó que «la tramitación administrativa para continuar con la investigación de gas en este enclave» se enmarca en una decisión adoptada en 2011, en la que Shesa figuraba como operadora. La sociedad pública, por tanto, «no puede hacer dejación de sus obligaciones ni renunciar a sus derechos patrimoniales y de gestión en un proyecto para el que, además de unos socios, cuenta también con una autorización ambiental favorable para avanzar en la tramitación de la exploración», explica.

La aprobación de la nueva ley, que a última hora contó con el voto favorable del PNV, elevó la contundencia en la oposición que mostraron al proyecto el resto de formaciones políticas. También el PSE, que forma gobierno con los jeltzales en las principales instituciones vascas. Los socialistas fijaron su postura en torno al desarrollo de la ley para que se «prohibieran» actividades de exploración y explotación en el futuro. Una vez aprobado el texto, el partido que encabeza el Gobierno central recalcó que la exploración no serviría «para nada» ante la prohibición de explotar el yacimiento. En la oposición, el PNV tampoco tenía ningún aval para seguir con el plan.

El proyecto promovido por el Gobierno vasco pretendía resolver la incógnita de si existe una importante bolsa de gas natural en el concejo vitoriano de Subijana. El Ejecutivo vasco, quien defendía que la extracción no dañaría un acuífero cercano, pretendía obtener recursos energéticos de «kilómetro cero» en lugar de depender de las importantes importaciones gasísticas de países como Argelia.

Para ello, Lakua había fijado un presupuesto cercano a los 20 millones de euros que financiarían el sondeo y los dos años de trabajos y ensayos que supondrían. La inversión, sin embargo, habría carecido de retorno económico, ya que el único gas que se habría podido extraer y vender sería el que dieran como resultado las pruebas de la exploración. El mismo enclave fue objeto de análisis en la década de los 1990, aunque no pudo confirmar la existencia de hidrocarburos por falta de tecnología adecuada, según los informes de la propia administración autonómica.

El Gobierno vasco defendía el «derecho a conocer» el contenido del subsuelo de Subijana, y así lo hicieron las diferentes voces del PNV en el territorio hasta prácticamente finales de 2020. Los últimos acontecimientos y la férrea oposición que comenzó a calar en buena parte de la sociedad vitoriana, sin embargo, llevaron a diferentes representantes jeltzales a matizar su postura. El giro más notorio fue el del alcalde Gorka Urtaran, quien en unas semanas pasó de confesarse «alineado» con la estrategia del Ejecutivo de Urkullu a defender el 'no' a la licencia de actividad para el pozo cuando los técnicos municipales dijeron que era incompatible con el Plan General de la ciudad. Pero en los últimos días, mientras Arantxa Tapia aún dejaba la puerta abierta a la exploración, el PNV alavés comenzaba a cerrarla. Lo dijo José Antonio Suso, el presidente del ABB, quien ya el viernes se rendía a la evidencia de que Subijana no será perforada.