El Gobierno vasco contempla cuarenta lugares para proyectos renovables en Álava

Esta voluntad de agilizar los trámites se plasma en el texto de la aprobación inicial del Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables que se espera en los próximos días. Un documento que pretende fijar qué suelos son los más idóneos para instalar parques de generación limpia y a cuyo borrador ha tenido acceso EL CORREO.

La intención del texto es aligerar los trámites en las denominadas «zonas de localización seleccionadas», cuarenta espacios en Álava que afectan a 32 municipios. En el conjunto de Euskadi, 110 áreas ubicadas hasta en 92 ayuntamientos para acoger instalaciones eólicas o fotovoltaicas.

El PTS es también una forma de ordenar el aluvión de proyectos que se están registrando en la administración y que cierra, con la aprobación inicial, una primera fase en la que se han celebrado hasta dos rondas de recogida de alegaciones públicas. Es, por lo tanto, un primer paso del proceso que terminará, tal y como explicó la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno, Arantxa Tapia, en marzo de 2024.

En el mapa, que conjuga las áreas con mejores condiciones de viento y sol con criterios de protección ambiental, está por ver cómo se concilian proyectos ya presentados en Álava que, solamente en el área eólica, suman seis -tres de Capital Energy, uno de Statkraft, otro de Euskal Hazie y el de Iberdrola en Laminoria-. Además de los dos que ya cuentan con la aprobación ambiental para Labraza y Azáceta.

El PTS, en esta versión inicial, contempla en Álava 19 localizaciones eólicas y 23 fotovoltaicas. Es, precisamente, la energía solar la que fija su mayor desarrollo en el territorio alavés dadas las condiciones meteorológicas y las horas de sol respecto a Bizkaia y Gipuzkoa. La herramienta de ordenación de suelo hace, además, una diferenciación en Álava con la distinción de proyectos de 'gran escala' y 'mediana escala'. En el territorio alavés se considerarán medianos los huertos solares de hasta 10 hectáreas, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia, a partir de 5 hectáreas ya serán calificados como de 'gran escala'.

El desarrollo de las sucesivas fases del PTS deberá también resolver las iniciativas presentadas por Solaria y Gobierno vasco en el municipio de Arratzua Ubarrundia, dos plantas solares de 50 MW cada una.

Sobre los espacios designados como 'zona de localización seleccionada' el documento delega la autorización de modo exclusivo en la dirección de energía del Gobierno vasco, cuando se trate de instalaciones competencia del Ejecutivo autonómico -las inferiores a 50 MW-, sin necesidad de acudir modificaciones municipales, ya que la aprobación del PTS «no requerirá de ulterior planeamiento, ni territorial, ni urbanístico». Es decir, la fuerza de esta herramienta obligará al resto de administraciones a ordenar los suelos de acuerdo al documento, un hecho que en sí mismo ya ahorrará varios trámites a los promotores en los diferentes municipios.

La autorización medioambiental, que seguirá siendo prescriptiva en el estudio de cada iniciativa, se agiliza también porque las zonas escogidas cumplen una serie de requisitos básicos. Y es que el documento fija también los espacios que permanecerán bloqueados a cualquier iniciativa por motivos ambientales o de patrimonio. Son las zonas que gozan de la especial protección como parques naturales, Red Natura 2000, humedales, así como los afectados por el catálogo de paisajes singulares, el Camino de Santiago o el paisaje del viñedo de Rioja Alavesa.

El Gobierno, eso sí, podrá ampliar las zonas de instalación por «razones de emergencia» a otras áreas siempre que no sean las de exclusión.

En el plan de Energía 2030 de Euskadi el Ejecutivo se ha marcado el objetivo de cuadruplicar la potencia de energía renovable instalada convirtiendo en los próximos siete años los 450 MW de 2019 en 2.103 MW. Supone una cascada de proyectos que requieren más agilidad en la tramitación. Precisamente, el impulso de este PTS fue acordado en el Parlamento entre los grupos del Gobierno y EH Bildu, que viene reclamando esta herramienta, con una vigencia de 20 años, para tratar de ordenar la instalación de todos los proyectos de energía verde en Euskadi.