El Gobierno mantiene el centro de refugiados de Vitoria sin pronunciarse sobre su «renuncia» al de Cataluña, como denuncia el PP

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sin referirse al centro de Vitoria ni al de Lleida, se ha limitado a señalar que «el Gobierno no pierde la titularidad de ninguna competencia en materia migratoria, no vamos a ninguna vía unilateral sino a una mayor coordinación en las políticas de migración». «El acuerdo con Junts -ha defendido- supone una delegación de competencias, que hay que tramitar con una ley orgánica y que todos los grupos tendrán ocasión de debatir y en su caso acordar y alcanzar la mayoría absoluta necesaria».

Es lo que ha contestado la responsable del Ejecutivo a preguntas de Javier de Andrés. El representante por Álava en la Cámara baja ha achacado el cambio a la «presión» de los socios del Ejecutivo de Sánchez. La política migratoria del Gobierno, ha replicado Saiz, «se enmarca en la Constitución, en las normas que la desarrollan, en los acuerdos internacionales con los derechos humanos en el centro». «Estamos siendo coherentes con el título octavo de nuestra Constitución y con el Estado autonómico compartiendo competencias sobre políticas que afectan a todos, como la migratoria».

La socialista ha cargado con dureza contra la bancada popular, afirmando que «si hay un partido arrodillado y chantajeado y que no rinde cuentas es el PP y sus pactos con Vox, un partido que promueve una política migratoria xenófoba».

Como ha afeado De Andrés, «podemos decir que hacen uno de 350 inmigrantes en Vitoria para no hacer el de 200 en Tárrega», ha afeado. «Europa pacta realizar una política migratoria común -ha censurado el popular-, pero el Gobierno del PSOE pacta con sus socios que en España sea desigual. A Cataluña no puede ir todo el mundo, pero a Euskadi sí».

El centro previsto en Vitoria mantiene su fecha de apertura para enero de 2025 y viene precedido de una gran polémica por el rechazo de asociaciones de vecinos de la zona. El PP también se ha mostrado en contra. La Secretaría de Estado de Migraciones adjudicó a la constructora madrileña Seranco la reforma, que se hará por fases, por 14 millones de euros. El Ayuntamiento de Vitoria indicó recientemente que se había comenzado a desbrozar el terreno exterior de la vieja clínica para facilitar la entrada de las máquinas mientras concluye el proyecto de construcción.